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domingo, 2 de septiembre de 2012

CATAMARCA: CAPACITACION DOCENTE A CARGO DE EMPRESA QUE TIENE COMO CLIENTEA A ALUMBRERA, BARRICK, CERRO VANGUARDIA...


Capacitación docente en educación ambiental





Con la presencia de más de 160 docentes, se desarrolló el curso de capacitación “El ambiente local y sus actividades antrópicas” en la EPET N° 4 de Andalgalá. El mismo cuanta con la aprobación del ministerio de Educación catamarqueño bajo resolución MCECyT N°590/12 y es organizado por el Gobierno de la Provincia de Catamarca y la firma Estudios y Servicios Ambientales SRL-Ambiental. Dicha capacitación es modalidad semipresencial, con una duración de 72 horas cátedras más evaluación
Los tópicos abordados a los docentes giraron en torno a temáticas ambientales locales, como los recursos naturales, los ecosistemas, dinámica del suelo y agua en la región árida, actividades antrópicas tales como agricultura, ganadería, minería; todas ellas desde el marco conceptual y su implementación áulica con metodologías innovadoras desde el paradigma de las nuevas tecnologías y los aportes de la neuroeducación. Asimismo la profesional Claudia Caletti de la Facultad de Ciencias Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCa desarrollo temáticas relacionadas acerca de la Nueva Minería.
La capacitación está destinada a docentes de los niveles inicial, primario, secundario y terciario del departamento Andalgalá.
http://www.elancasti.com.ar/informaciongral/Capacitacion-docente-en-educacion-ambiental-20120826-0012.html

ESTA ES LA WEB DE LA "CAPACITADORA": http://www.eysa.com.ar/index2.html

ALGUNOS DE SUS "CLIENTES"
Empresas
 A Grade Trading USA Ltda.
▪ Aeropuertos Argentina 2000
▪ Aguas Argentinas SA
▪ Allegiant Global
▪ Alto Paraná SA
▪ Apache Petrolera Argentina SA
▪ Apco Argentina Inc.
▪ Arcor SAIC
▪ Argentina Gold Corp.
▪ Armada Argentina
▪ Autoliv Argentina SA
▪ Barranca Sur Minera SA
▪ Barranca Sur SA
▪ Barrick Exploraciones Arg. SA
▪ Camuzzi Gas del Sur SA
▪ Capex SA
▪ Cencosud SA
▪ Cerro Vanguardia SA
▪ CHEDIAK - ESUCO (UTE)
▪ Clear SRL
▪ Colhué Huapi SA
▪ Cía. de Minas Buenaventura SA
▪ Cía. General de Combustibles SA
▪ Construere Ingeniería
▪ Edenor SA
▪ Edesur SA
▪ Electricidad de Misiones SA
▪ Empresa de Energía de Entre Ríos SA
▪ Empresa de Gas de Entre Ríos
▪ Enap Sipetrol Argentina SA
▪ Enertec SRL
▪ Eólica Pampa de Malaspina SA
▪ Eólica Pico Truncado
▪ Epsur SA
▪ Famar Fueguina SA
▪ Ferrosur Roca SA
▪ Flargent
▪ Fontana Nicastro
▪ General Electric Internacional Inc.
▪ Hierro Patagónico Rionegrino SA
▪ Hor-Tal, Raúl Oscar Aguerre e Hijos
▪ IECSA
▪ Ingeniería Alsat



▪ Inversiones y Representaciones SA (IRSA)
▪ José Cartellone Construcciones Civiles SA
▪ La Rural SA - Ogden Rural
▪ Marriot SA
▪ Massalin Particulares SA
▪ Minera Alumbrera Ltd.
▪ Minera Aquiline Argentina SA
▪ Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA)
▪ Occidental Arg. Exploration and Prod. Inc.
▪ Oleoducto del Valle SA (Oldelval)
▪ Oleoducto Trasandino (Argentina y Chile) SA
▪ Oil M&S
▪ Oro Plata SA
▪ Orocobre SA
▪ Pampa Holding SA
▪ Pan American Energy LLC
▪ Pattern Energy Group LP
▪ Petrobras Energía SA
▪ Petrolera San José SRL
▪ Petrolera Santa Fe SA
▪ Petrominera SE
▪ Pluspetrol SA
▪ Refinería del Norte SA (Refinor)
▪ SanCor
▪ Sener Ingeniería y Sistemas Argentina SA
▪ Shell Gas SA
▪ Subterráneos de Buenos Aires SE
▪ Supermercados Mayoristas Makro SA
▪ Tecpetrol SA
▪ Terminales Marítimas Patagónicas SA
▪ Tormene Americana
▪ Tranelsa SA
▪ Transener SA
▪ Transportadora de Gas del Sur SA (TGS)
▪ Turbine Power SA
▪ Union Pacific Resources Argentina SA
▪ United Technologies Automotive Arg. (UTA)
▪ Víctor Contreras SA
▪ Vintage Oil Argentina, Inc.
▪ Westinghouse Electric Corp - Capex SA
▪ Wintershall Energía SA
▪ YPF SA

Sobre la ‘autonomía’ política en economías de enclave…


  (O Del oxímoron como lógica del pensamiento colonial)
Horacio Machado Aráoz (Colectivo Sumaj Kawsay – Asanoa Catamarca; Docente de la Universidad Nacional de Catamarca)

Como si en la provincia no hubiera pasado nada en los últimos quince años, como si el poder tuviera capacidad de extender su eficacia amnésica más allá de aquellos que lo ‘ejercen’, el todavía nuevo gobierno de Catamarca se muestra decidido a imponer a rajatabla el cuestionado ‘modelo minero’. Habiendo prometido cambios, lo que ha hecho en realidad es avanzar hacia la profundización y aceleración del mismo viejo esquema que tantas resistencias ha generado. Las ‘novedades’ se reducen a tibios intentos por incrementar la porción de la renta minera que queda en manos del Estado, mediante una vía ya probada con Alumbrera (el recurso a la creación de una empresa estatal que se asociaría a las empresas transnacionales para participar en una porción de las ganancias). En contrapartida, no ha escatimado esfuerzos –ni se ha detenido en ‘pruritos’ éticos- para usar los aparatos ideológicos y represivos del Estado en una abierta campaña propagandística (y de la ‘otra’) destinada a imponer la fe en el desarrollo minero[1].
En ese empeño, la gobernadora no pierde oportunidad, en cada aparición pública, por predicar la jaculatoria promesante de la “minería como motor de desarrollo”, así convertido en eje de ‘su’ discurso político. Lo llamativo en estos días es que lo ha hecho en el marco del acto conmemoratorio de la proclaración de la “autonomía” de Catamarca. Tras admitir que todavía “seguimos teniendo muchas dificultades para alcanzar la independencia económica”[2], no ha reparado en el dislate histórico y científico que significa apostar a un modelo de economía de enclave como base para superar aquella ‘falencia crónica’. Justamente, si algo constituye la antítesis exacta de la independencia económica es el esquema de una economía de enclave, expresión emblemática del colonialismo en el campo de lo económico, tal como nos lo enseñan los más sólidos y perdurables desarrollos de las ciencias sociales latinoamericanas en sus distintas disciplinas y corrientes teóricas[3]. Igual que el eslogan de una ‘minería (a gran escala) sustentable’, se trata de lo que en lógica se conoce como ‘oxímoron’: una contradicción en sus propios términos… Algo así como recurrir a operaciones militares y métodos de violencia para fundar una verdadera democracia (dicho a propósito de las intervenciones estadounidenses en Medio Oriente).
De todas maneras, más allá del cinismo o la ignorancia dolosa de nuestra clase dirigente, la fuerza de los acontecimientos irrumpe sistemáticamente para enseñarnos ‘en carne propia’ las lecciones de la historia. Por caso, el aludido discurso de la gobernadora y los festejos de la ‘autonomía’ han coincidido con la contingente irrupción de sendas ‘noticias’ que, precisamente, chocan de pleno contra la fantasía del ‘desarrollismo minero’. Por estos días, los diarios y las radios locales daban cuenta de la detención del intendente de Belén, investigado por defraudación en el uso de fondos públicos, y en particular, de recursos de regalías mineras; se publicaba la última medición de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que muestra (como viene siendo ya una ‘costumbre’) a Catamarca, al tope y por lejos, como el distrito de mayor desempleo del país (11,7 % frente al 7,2 % de la media nacional)[4]; y también se informaba que en el 2011, Minera Alumbrera se había constituido como la principal exportadora del país, desplazando de ese lugar a la gigante de los agronegocios, Cargill[5].
Presentados como ‘noticias’ aparentemente inconexas -según el tratamiento mayoritario de las empresas periodísticas locales-, a nuestro entender, tales hechos no sólo están profundamente vinculados, sino que más aún, constituyen una prueba ejemplificadora de los resultados que cabe esperar del ‘modelo de desarrollo minero’. En la articulación contingente entre desocupación – corrupción – clientelismo – mega-exportaciones, esas  ‘noticias’ ponen de manifiesto la ‘verdad desnuda’ del modelo: muestran la ecuación ecobiopolítica de la expropiación estructural.
Es que la minería transnacional a gran escala constituye un modelo típico de economía de enclave, de cuya profundización no cabe esperar un desarrollo local equilibrado, mayores oportunidades de empleo, superación de la pobreza y achicamiento de las desigualdades, sino todo lo contrario. En realidad, no cabe esperar más de lo que ya tenemos y que está a la vista de todos (los que lo quieran ver): los récords de saldos exportables se conjugan con los récords de desocupación, de corrupción y de clientelismo. Lo que vemos hoy en nuestra provincia, puede constatarse a lo largo de la historia de las diversas regiones ‘mineras’ latinoamericanas. Incluso investigaciones recientes de instituciones muy ligadas al sector dan cuenta de las ‘falencias’ del ‘desarrollo’ basado en la radicación de grandes explotaciones mineras. Una de ellas, en sus conclusiones, señala: “La minería desarrolla pocas ventajas locales dinámicas. El derrame financiero de la actividad se da más en las metrópolis dentro o fuera de América Latina que en las economías de las regiones donde se encuentra la fase extractiva. En las aglomeraciones mineras coexiste un segmento empresarial moderno, poco enraizado en la economía local, que persigue una estrategia de eficiencia, con un segmento empresarial tradicional atrapado en una estrategia de sobrevivencia. La contribución de la minería al desarrollo local es percibida como insuficiente por la comunidad aledaña. El desarrollo y las condiciones locales son de importancia menor para la eficiencia de las empresas mineras modernas. Esto no genera un círculo virtuoso que produce desarrollo. Las grandes empresas sí tienen una gran capacidad de innovación (…), sin embargo, pertenecen a conglomerados transnacionales que hacen el esfuerzo de innovación preferentemente en su lugar de origen” (Buitelaar, 2001: 308)[6].
Otros estudios similares destacan los impactos de desplazamiento y desintegración económica que la irrupción de la minería transnacional de exportación tiene sobre los sistemas y circuitos de producción y de consumo locales, donde la mayor circulación monetaria en fases de auge alimenta el consumo exógeno en detrimento de las capacidades productivas y tecnológicas endógenas. Pese a los esfuerzos en desarrollar un sector de proveedores locales, las empresas que se forman en torno a la gran minería se limitan a roles de intermediación comercial, provisión de servicios auxiliares de baja productividad, imitación tecnológica y aporte de mano de obra barata[7].
En definitiva, como puede comprobarse a lo largo de las investigaciones históricas y recientes en América Latina, la radicación de grandes capitales extranjeros destinados a la explotación extractiva de ‘recursos naturales’ destinados a la exportación, termina configurando una matriz socioproductiva caracterizada por altos niveles de desintegración sectorial y fragmentación territorial, dominada por profunda asimetrías económicas, sociales y tecnológicas que terminan consolidando las bases materiales de fuertes desigualdades políticas.
En estos términos, en nuestra provincia, el extractivismo minero alimenta una formación social rentística, un régimen político de estructura oligárquica, basado en la centralidad del aparato estatal, en tanto objeto y medio clave de reproducción de la jerarquización social. La dinámica política se limita a la disputa de acotadas élites locales por el control del aparato estatal, como base de sus privilegios y posiciones de dominio; los procesos de legitimación política se reducen a la implementación de distintos esquemas de clientelismo, sólidamente asentados en férreas condiciones objetivas de dependencia económica de vastos segmentos poblacionales. En definitiva, las bases económicas de la oligarquía rentística, de las desigualdades, la corrupción y el clientelismo endémicos, se hallan precisamente en la naturaleza de la matriz socioproductiva que se configura en torno a una economía que pretende como ‘motor’ a la radicación de grandes capitales extranjeros destinados a la explotación extractiva de ‘recursos naturales’.
No se trata de ‘falta de desarrollo’: es éste el tipo de desarrollo que producen las economías de enclave. Insistimos, como lo advierte la larga tradición de investigaciones de las ciencias sociales latinoamericanas, una economía de enclave es sinónimo de crecimiento que empobrece; de una economía que lejos de constituir las bases de una sólida soberanía política, de carácter igualitario y popular, constituye la ‘infraestructura’ de la dependencia política y el despojo de derechos… Las evidencias están a la vista; sólo se trata de saber leer.



[1] Sí, digo fe, pues estamos en tiempos de re-colonización; y de lo que se trata es de imponer el nuevo catecismo de la religión del Imperio. Como enseña Althusser, la fe (creencia-ideología) es, en realidad, una práctica que se hace cuerpo.
[3] Desde sus orígenes, diversos autores de las más variadas tradiciones teóricas y políticas del pensamiento científico social latinoamericano, han resaltado los múltiples efectos negativos de las ‘economías de enclave’. Desde las críticas de Prebisch a las economías primario-exportadoras y el estructuralismo originario de la CEPAL, a la sociología clásica de vertiente liberal-funcionalista; de los desarrollos de la teoría de la dependencia a los estudios críticos sobre el imperialismo y el sistema-mundo, pasando por las investigaciones históricas de la antropología económica, hasta llegar a las corrientes contemporáneas del pensamiento decolonial, con sus planteos postdesarrollistas y sus críticas a la modernidad eurocéntrica, las ciencias sociales latinoamericanas aportan casi un siglo de estudios críticos sobre este fenómeno y sus ‘impactos’. Resultantes de los complejos procesos de integración subordinada de nuestras economías regionales a la dinámica del mercado mundial, las economías de enclave son consideradas como factor clave del ‘subdesarrollo’ y la dependencia económica estructural de nuestros países. A ella se asocian fenómenos tales como la conformación de regímenes oligárquico-autoritarios; grandes desigualdades sociales y sectoriales, procesos de marginalidad, exclusión y segregación; desintegración productiva y heterogeneidad estructural de los mercados internos; dependencia tecnológica, comercial y financiera de los ‘mercados externos’, fuga sistemática de capitales, etc.
[5] Durante el 2011, Alumbrera exportó minerales por un valor de 4,3 mil millones de dólares, siendo la primera del ranking de empresas exportadoras, seguida de Cargill, cuyas exportaciones fueron de 3,7 mil millones de dólares. (http://www.diariobae.com/diario/2012/08/23/16565-alumbrera-desplazo-a-cargill-al-segundo-lugar-en-el-ranking-de-exportadores.html).
[6]  Buitelaar, Rudolf (Comp.) “Aglomeraciones mineras y desarrollo local en América Latina”, Cepal – Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, Ottawa, 2001.
[7] Kuramoto, Juana (2000) “Las aglomeraciones productivas alrededor de la minería: el caso de la Minera Yanacocha S.A.”. Cepal, Santiago de Chile.
Kuramoto, J. (2001) “Las aglomeraciones mineras en el Perú”. En Buitelaar, Rudolf  (Comp.) (2001) “Aglomeraciones mineras y desarrollo local en América Latina”. Cepal – Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, Ottawa.
Culverwell, M. (2001) “Desarrollo de proveedores en la región de Antofagasta”. En Buitelaar, Rudolf  (Comp.) (2001) “Aglomeraciones mineras y desarrollo local en América Latina”. Cepal – Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, Ottawa.
Bury, Jeffrey (2007) “Minería, migración y transformaciones en los medios de subsistencia, en Cajamarca, Perú”. En Bebbington, A. (Editor) “Minería, Movimientos Sociales y Respuestas Campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales”, Instituto de Estudios Peruanos, Centro Peruano de Estudios Sociales, Lima.

domingo, 19 de agosto de 2012

Corpacci Y Mercado Recibieron A Directivos De Alumbrera


La Gobernadora Lucía Corpacci, junto al ministro de Producción, Ángel Mercado, recibió esta mañana, en su despacho a empresarios de la firma Xstrata que representan a Minera La Alumbrera para establecer pautas del programa de Responsabilidad Social Empresaria.
Por la empresa Xstrata estuvo presente el Vicepresidente ejecutivo de la División de Operaciones Sudamericanas, José Marún; el Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Julián Runey; y el Gerente de Relaciones Provinciales, Jorge Montaldi.
Luego de la reunión, José Marún declaró en rueda de prensa que “Hemos tenido una reunión muy interesante donde hemos venido a anunciarle algunas obras importantes que vamos a iniciar prontamente con nuestro Programa de Responsabilidad Social en la zona de Andalgalá y también en la zona cercana a Amanao. Se trata del proyecto de un hospital que vamos a comenzar la construcción prontamente en Andalgalá. También la construcción de una escuela secundaria en Amanao y hemos conversado con la gobernadora de ver la factibilidad de construir otro hospital en Aconquija”.
Con respecto a los plazos de construcción de las obras Marún explicó “Los trabajos ya han sido licitados, y las obras están adjudicadas, ya tenemos la empresa que va a construir el hospital y esperamos que los trabajos comiencen en las próximas semanas”. Agregó que “los fondos son de Minera La Alumbrera y el presupuesto del hospital es de 25 millones de pesos, para la Escuela de Amanao es de 2 millones, y estamos realizando el presupuesto del hospital de Aconquija”.
Sobre los conflictos en Andalgalá por el desarrollo de la minería el Vicepresidente Ejecutivo comentó que “estamos al tanto de lo que pasa en Andalgalá, y pensamos que corresponde manejar esta situación dentro del marco legal y agotar todas las instancias tanto en el ámbito provincial, municipal y nacional”.
Además aclaró que nostros no tenemos problemas de conversar con nadie y en ese sentido no clasificamos a las personas en pro o en contras, sino que estamos abiertos al diálogo con todas las personas que quieran conversar con nosotros”.
http://fmlider923.com.ar/2012/08/corpacci-y-mercado-recibieron-a-directivos-de-alumbrera/


La Gobernadora recibió a empresarios mineros
La Gobernadora Lucía Corpacci, junto al ministro de Producción, Ángel Mercado, recibió esta mañana, en su despacho a empresarios de la firma Xstrata que representan a Minera La Alumbrera para establecer pautas del programa de Responsabilidad Social Empresaria.
(DIARIOC, 16/08/2012) Por la empresa Xstrata estuvo presente el Vicepresidente ejecutivo de la División de Operaciones Sudamericanas, José Marún; el Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Julián Runey; y el Gerente de Relaciones Provinciales, Jorge Montaldi.

Luego de la reunión, José Marún declaró en rueda de prensa que “Hemos tenido una reunión muy interesante donde hemos venido a anunciarle algunas obras importantes que vamos a iniciar prontamente con nuestro Programa de Responsabilidad Social en la zona de Andalgalá y también en la zona cercana a Amanao. Se trata del proyecto de un hospital que vamos a comenzar la construcción prontamente en Andalgalá. También la construcción de una escuela secundaria en Amanao y hemos conversado con la gobernadora de ver la factibilidad de construir otro hospital en Aconquija”.

Con respecto a los plazos de construcción de las obras Marún explicó “Los trabajos ya han sido licitados, y las obras están adjudicadas, ya tenemos la empresa que va a construir el hospital y esperamos que los trabajos comiencen en las próximas semanas”. Agregó que “los fondos son de Minera La Alumbrera y el presupuesto del hospital es de 25 millones de pesos, para la Escuela de Amanao es de 2 millones, y estamos realizando el presupuesto del hospital de Aconquija”.

Sobre los conflictos en Andalgalá por el desarrollo de la minería el Vicepresidente Ejecutivo comentó que “estamos al tanto de lo que pasa en Andalgalá, y pensamos que corresponde manejar esta situación dentro del marco legal y agotar todas las instancias tanto en el ámbito provincial, municipal y nacional”.

Además aclaró que nostros no tenemos problemas de conversar con nadie y en ese sentido no clasificamos a las personas en pro o en contras, sino que estamos abiertos al diálogo con todas las personas que quieran conversar con nosotros”.

También Marún explicó que esto “es solo el comienzo de algunas obras y se esperan generar muchas más a futuro”.

Con respecto al bloqueo del Paso de San Francisco sostuvo que “esto es, primero, una insurrección legal, que viola la Ley de libre tránsito, y por supuesto que nos molesta y perjudica, no solo a nosotros sino también a los que quieren transitar por esa zona. Obviamente esto genera perjuicios económicos que podrían destinarse a otras actividades. Pero en general estamos operando en condiciones normales, remplazando esta actividad para recuperar pérdidas”.
http://www.diarioc.com.ar/politica/La_Gobernadora_recibio_a_empresarios_mineros/179464

jueves, 16 de agosto de 2012

Funcionarios de Avila se cruzaron con ambientalistas

DURANTE LA VISITA DE LA GOBERNADORA POR EL ANIVERSARIO DE TINOGASTA

La visita de la Gobernadora de la Provincia de Catamarca, Lucía Corpacci, era muy esperada por toda la comunidad tinogasteña que como cada cumpleaños de su Demarcación del Pueblo Indio, aguarda con todos los honores la llegada de las máximas autoridades provinciales.
 
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En este caso especial, y tras los conflictos vividos desde aquel 10F-, el grupo de Asambleístas Autoconvocados por La Vida de Tinogasta sintió que ésta era la oportunidad para intentar dialogar unos minutos con la primer mandataria o en su defecto que le recibiera una simple nota de petitorio relacionado a los Proyectos Mega Mineros futuros en el Departamento.
Sin embargo, cuando parte del grupo en su mayoría mujeres, intentó repartir panfletos informativos y en contra de la Mega Minería, la policía de civil que en gran número arribó a Tinogasta, advirtió a los manifestantes que no lo hicieran.
Pero lo lamentable y bochornoso se produjo cuando dos funcionarios del Ejecutivo Municipal, el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Miguel Casin; y el Secretario Privado del Intendente, Gabriel Ávila, arremetieron contra las mujeres y les arrebataron de las manos los panfletos y se los rompieron en la cara.
Esto provocó un rechazo general en gran parte de los presentes en el lugar, debido a que lo hacían en presencia de los niños de las escuelas y docentes que debieron calmarlos para que inclusive no corrieran el riesgo de ser lastimados.
Mientras tanto la nota seguía en poder de otro grupo de mujeres, pero unos metros cercano a este grupo, se producía un escenario distinto, en la vereda del sector norte de calle 25 de mayo, el conocido ambientalista Darío Moreno era interceptado por la policía cuando habría intentado acercarse hacia el lugar donde en ese momento el Intendente Hugo Ávila pronunciaba su mensaje.
Allí los empujones, gritos y –dicen- golpes de puño, formaron parte de un descontrol de algunos minutos, que puso tensión en los presentes, pero por suerte todo se calmo a los pocos minutos.
El Ministro de Gobierno y Justicia, Francisco Gordillo al enterarse de lo ocurrido, decidió bajar del palco oficial y tomó inmediato contacto con las mujeres Asambleístas que querían darle a la Gobernadora la Nota con el petitorio, y luego de un diálogo de unos quince minutos, siempre rodeados de policías de civil, el Ministro acompaño a las mujeres hasta el pie del palco, donde estaba ubicada la Dra. Lucía Corpacci y pudieron entregarle la misiva en unos breves minutos y cara a cara, recibiendo de la mandataria la promesa de una pronta respuesta.
Aquí el texto de la nota:

Tinogasta, Ctca., 14 de agosto de 2.012
SRA.
GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
DRA. LUCIA CORPACCI
S…………………………/………………………………………D
De nuestra mayor consideración:
                                   Los ciudadanos integrantes de la ASAMBLEA TINOGASTA DE AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA, nos dirigirnos a Ud., a los efectos de REITERARLE EL PEDIDO DE DIALOGO ya formulado oportunamente en las presentaciones de fechas 06 de agosto de 2.011, 24 de enero de 2.012 y el petitorio entregado conjuntamente con las demás asambleas de la provincia en la ciudad Capital el 24 de febrero de 2.012 y de las que aún no hemos recibido respuesta a pesar de los reclamos que seguimos llevando a cabo y que ya han visibilizado nuestra lucha a nivel nacional e internacional.
Conociendo del derecho que asiste a las comunidades a ser consultadas cuando se pretendan tomar decisiones que afecten el habitat, la vida y el futuro de los pobladores, es que le solicitamos nuevamente escuche nuestro pedido y podamos a través del diálogo exponer los fundamentos de nuestro rechazo a la mega minería que se ha tomado como eje de la política de su gobierno.
                                      Sin otro particular y esperando una pronta y favorable respuesta, saludamos a Ud. Atte.
ASAMBLEA TINOGASTA DE AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA
Fuente: Voces Escritas.
http://www.catamarcactual.com.ar/noticia-28690-funcionarios-de-avila-se-cruzaron-con-ambientalistas.html

miércoles, 15 de agosto de 2012

"Estamos regalando todas las montañas, toda nuestra cordillera. Eso también es soberanía"


Luego de ralizar un acampe de 12 días en el paraje Cerro Negro contra la minera La Alumbrera, los pueblos cordilleranos analizan el momento actual de esta lucha y piensan en lo que se viene. FeTERA charlo con Pablo Romero, miembro de la asamblea de Tinogasta.
Hace unos días terminó el acampe con cortes de rutas nacionales en Cerro Negro, donde se realizó quizá una de las manifestaciones más extensas y nacionalizadas del año en materia de luchas contra la megaminería a cielo abierto en el país. Se trata del corte realizado en la intersección de las rutas nacionales 60 y 40, en la zona de Cerro Negro, provincia de Catamarca, donde se reunieron asambleistas de distintos pueblos cordilleranos (principalmente de Tinogasta y Andalgalá), donde también asistieron delegaciones de organizaciones sociales y políticas de distintas provincias del país.

El acampe se realizó desde el 9 hasta el 20 de julio en el paraje Cerro Negro, zona árida, muy fría y prácticamente deshabitada, y el bloqueo de ruta se hizo durante los últimos 5 días que duró el acampe.

Allí, cientos de asambleistas de distintos pueblos cordilleranos, se reunieron al costado de la ruta. El bloqueo de la ruta se realizó para frenar a los camiones que trasladaban insumos hacia la empresa minera La Alumbrera, una de las más grandes que actúa en el país y que realiza uno de los proyectos de megaminería más ambiciosos en territorio nacional. Lo que hacían los asambleistas era frenar a los camiones con insumos de la minera pero dejaban pasar al resto de los vehículos con previa charla y entrega de volantes informativos sobre lo que estaban reclamando y denunciando en ese lugar.

La situación se puso muy tensa cuando el viernes 13 llegó una numerosa patota pro-minera con el único objetivo de amedrentar a los asambleistas. Esta actuaba en total complicidad con la policía provincial que se encontraba cerca del acampe. Pablo Romero, miembro de la asamblea de Tinogasta, nos comentó que la patota “tenía el apoyo de la municipalidad (de Tinogasta), que les proveía abrigo, comida, agua, carpas y muchas otras cosas más para acampar en Cerro Negro, cerca nuestro. Trabajaban codo a codo con la policía provincial. Desplegaron carpas de estructura grande y consumían alcohol todo el tiempo”.

El hostigamiento constante a los asambleistas por parte de ésta patota se alternaba entre piedrazos y bombas de estruendo que les arrojaban prácticamente todo el día. Este accionar se completaba con la total inacción y complicidad de la policía provincial que se encontraba en el lugar. Pablo Romero también nos dijo que “la patota está ligada directamente a La Alumbrera. El tema es que hay total complicidad de la policía provincial, la justicia, el municipio y la gobernación de la provincia (de Catamarca). Todos hacen lo que dice la Alumbrera. Es que en Catamarca el que gobierna realmente es La Alumbrera”. Desde la asamblea de Tinogasta denuncian que el saqueo de la minería se está llevando adelante porque existe esta mafia que lo garantiza.

Sobre esta situación, Pablo Romero nos comentó que “obligaron a micros que venían de distintos puntos del país a apoyar el corte a retirarse. Y los micros que habían llegado desde el inicio los fueron escoltando con custodia policial y con la patota que iba en camionetas hasta sacarlos de la provincia de Catamarca para dejarlos ya del lado Córdoba. Esto ocurrió con la gente que venía democráticamente a apoyar la lucha contra La Alumbrera”.

De todas formas, según comentaba el asambleísta, el objetivo del acampe tuvo sus fruto. Desde la asamblea de Tinogasta entienden que el principal objetivo, que era nacionalizar la lucha, fue cumplido.

“El objetivo era nacionalizar la lucha; que se sepa cómo actúa la minera, el municipio y la policía. No les importa nada, es tierra de nadie todo esto. Quizá no era tanto desabastecer a la minera porque ellos tienen stock. Sí era hacer una movida pública para nacionalizar la lucha. Que todo el país sepa qué ocurre en los pueblos cordilleranos y la lucha contra la minería a cielo abierto”, agregó Pablo.  

Además plantean otro objetivo hacia adelante: “queremos lograr que se apruebe la ley que prohíba este tipo de minería en toda la Argentina. Vemos las próximas elecciones desde ese punto de vista, creemos que lo vamos a lograr. Hay proyectos de ley que prohíben la megaminería a nivel nacional y apostamos a lograr ese paso en el poder legislativo. Entendemos que ese es el siguiente paso de la lucha de los pueblos cordilleranos. También sabemos que esta lucha depende pura y axclusivamente de nosotros, y de todos los sectores del pueblo que se oponen a la megamineria contaminante”, expresó Pablo Romero.  
Por último, desde la asamblea plantean que la Cordillera de los Andes es parte de Argentina y también se necesita una política de soberanía como la que se impulsa con el tema Malvinas. En este sentido, Romero nos comentó que “el Gobierno nacional reclama Malvinas como única política de soberanía nacional cuando en toda la Cordillera de los Andes están haciendo desastres con nuestra tierra, con nuestra soberanía. Estamos regalando todas las montañas, toda nuestra cordillera. Eso también es soberanía”.
Equipo de Prensa de FeTERA | 01 de agosto de 2012

Catamarca: Corpacci dijo que hubo “errores” en la explotación de La Alumbrera

La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, reconoció "errores" en el inicio de la explotación de la minera Bajo la Alumbrera por los altos costos de esa industria y las escasas regalías que le reportó a la provincia.

Además, advirtió que el emprendimiento "en cuatro años empieza a involucionar, entonces va a comenzar a generar mucho menos recursos que ahora, porque los yacimientos se agotan" por lo que adelantó que planea "encadenarlo" con el proyecto Agua Rica, que impulsa el mismo grupo empresario.

La kirchnerista Corpacci admitió que no deben reiterarse esos errores en futuras explotaciones mineras al participar anoche del cierre de las "Jornadas de Capacitación Minera", organizadas por la Junta Capital del PJ.

"Cuando empezó la explotación de la Alumbrera, que fue el primer emprendimiento de desarrollo a gran escala en la Provincia, con el tiempo pudimos ver los errores que se cometieron y que no podemos volver a cometer", indicó.

Y, señaló que "es importante saber que desarrollar la minería es muy costoso".

"Fíjense que se reclama mucho porque son empresas extranjeras las que intervienen pero es porque no tenemos empresas de capitales nacionales que tengan las espaldas suficientes para hacer una inversión de tanto riesgo como es la inversión en minería", agregó.
La mandataria admitió que "la Alumbrera nos da regalías del 3 por ciento y además utilidades por la UTE".

"Si nosotros no hubiéramos creado la empresa minera, en caso de desarrollar Agua Rica, no podríamos ser socios de ese emprendimiento y este cambio le otorga al tema otra dimensión, porque si nos asociamos a un emprendimiento minero, no solo cobraríamos regalías, sino que también cobraríamos utilidades, en un porcentaje que tendrá que estudiarse de acuerdo a la envergadura de cada emprendimiento", añadió.

Y, acotó que "la Alumbrera en cuatro años empieza a involucionar, entonces va a comenzar a generar mucho menos recursos que ahora, porque los yacimientos se agotan".

"Entonces la idea es encadenarlo, si es factible, si es posible y si se mide el impacto ambiental con los controles necesarios, con Agua Rica", continuó Corpacci.

La mandataria relató que "así como Dios le dio agua a la Pampa Húmeda, a nosotros nos dio montañas con minerales, entonces todos tenemos que empezar a capitalizar los recursos que tenemos, y a trabajar con la responsabilidad necesaria sobre estos recursos".

"Estamos estudiando muchos proyectos con la secretaría de Minería, pero lo que no quiero es que salgamos con veinte proyectos juntos porque no se puede dilapidar el recurso de una sola vez", reconoció.

Y, advirtió que "los recursos minerales deben servir para muchas generaciones y por eso vamos a tener un desarrollo minero responsable".

http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/84396/catamarca-corpacci-dijo-que-hubo-%E2%80%9Cerrores-en-la-explotacion-de-la-alumbrera.html

Catamarca: En Tinogasta nos siguen persiguiendo y amedrentando


Imágenes integradas 1
Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
14 de Agosto de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA
Tinogasta, 14 de agosto de 2012, 12:30hs
 
“En Tinogasta nos siguen persiguiendo y amedrentando”
 
A los seis meses y medio de comenzado el bloqueo selectivo e informativo en Tinogasta, que impide el paso de explosivos, químicos y maquinarias hacia las megamineras, el pueblo tinogasteño continúa siendo víctima de aprietes y amenazas.
En el día de ayer, lunes 13 de agosto, algunos pobladores sufrimos la persecución por parte de miembros de las fuerzas represivas vestidos de civil, lo cual denunciamos ante el jefe de policía de Catamarca, Juan José Palomeque, quien no nos aseguró ninguna protección. Quienes persiguieron a nuestros compañeros y compañeras son los mismos que participaron de la reciente represión en Cerro Negro y quienes el mes pasado encarcelaron y golpearon sin ninguna causa al asambleísta Pablo Romero.
Esto se suma al constante seguimiento que nos hace la policía de Tinogasta, al acoso laboral que sufrimos los trabajadores docentes y municipales, al cerco comercial al que nos someten a los pequeños comerciantes y las difamaciones por parte del intendente Hugo “Grillo” Ávila, que ya son moneda corriente.
Hoy se celebran los 299 años de la fundación de nuestro pueblo, y los tinogasteños seguimos resistiendo contra quienes vienen a saquearnos y contaminarnos, quienes intentan entregar nuestra agua y montañas, seguimos luchando por el derecho a la autodeterminación de los pueblos y por la soberanía de nuestro país.
Repudiamos la presencia de la gobernadora represora Lucía Corpacci en el acto aniversario de nuestro pueblo, quien responde a los intereses de las transnacionales megamineras y a los designios del gobierno nacional de Cristina Fernández. En el mismo nos están impidiendo manifestarnos pacíficamente, rodeándonos de policía y quitándonos los volantes que estábamos repartiendo, los cuales no contenían más que la verdad de lo que está pasando en Catamarca. Además, la policía también ha sacado por la fuerza a compañeras asambleístas. Todo esto se da luego de que el mismo Jefe de Policía Palomeque nos había dado garantías para manifestarnos.
Una vez más nos reprimen por querer manifestarnos. Lo hacen porque saben que tenemos la razón de nuestro lado. Esto nos hace aún más fuertes, seguiremos gritando ¡NO PASARÁN!
Responsabilizamos al gobierno en sus tres niveles por cualquier cosa que nos pueda pasar.
¡TINOGASTA Y ANDALGALÁ RESISTEN!
¡EL FAMATINA NO SE TOCA!
¡NO PASARÁN!
Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua
 
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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
Contra el Saqueo y la Contaminación

ENTREVISTA AL MORO FLORES: "las transformaciones sociales sólo son posibles en el marco de la lucha colectiva"


(AW) El Moro Flores resiste en un hospital de Buenos Aires desde principio de agosto. Tres meses atrás, su pelea era en defensa de las montañas de su pueblo catamarqueño, saqueadas a cielo abierto por el depredador extranjero. Sin saber cómo quedará luego de una delicada operación, quiere seguir siendo parte de la lucha colectiva en defensa del medio ambiente.
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martes, 31 de julio de 2012

LEY DE GLACIARES: POLÉMICA EN ANDALGALÁ POR LA APLICACIÓN DE LA LEY




Fuentes gubernamentales desestimaron el pedido de aplicación de la ley de protección de glaciares en la provincia, realizada días atrás por organizaciones sociales en el Concejo Deliberante de Andalgalá.
Según la opinión oficial, los yacimientos de Agua Rica y Bajo La Alumbrera se encuentran alejados de la zona glaciar- Nevado de Aconquija-, por la que reclaman ambientalistas.
Desde áreas técnicas del Gobierno se informó que la ley de glaciares no prohíbe la utilización del agua en la zona de los glaciares, sino que no se produzcan explotaciones que no sean sustentables en esas zonas. “Si la mina está en un lugar donde no hay peri glaciar ni glaciar, no hay afección”, explicó un técnico del Gobierno.
En ese sentido, aseguran que en el caso de que la mina estuviera en el Aconquija no se podría desarrollar la actividad minera, de lo contrario no está prohibida la utilización del agua de los glaciares.
En la presentación realizada por organizaciones sociales en conjunto con comunidades originarias solicitan que, al igual que lo dispuesto por la Justicia de La Rioja, que ordenó suspender el convenio entre el Gobierno de esa provincia y la corporación mega-minera Osisko, hasta que se cumpla con la Ley de Glaciares, en Catamarca se respete lo dispuesto por la Corte de Justicia de la Nación. Y se solicite la paralización de todo trabajo de mina que actualmente se desarrolle en los yacimientos mineros en el área circundante al Nevado del Aconquija.
Sin embargo, desde el Gobierno se aclaró que la situación de ambas provincias es diferente, ya que en La Rioja, la mina en cuestión está ubicada debajo de un glaciar, mientras que en Catamarca, las exploraciones se realizan en yacimientos que están alejados del Nevado de Aconquija.
Explican que hay que establecer una diferencia entre proteger los glaciares, y que la protección implique la prohibición de la actividad minera. Únicamente se puede impedir, según la normativa, cuando la actividad minera se desarrolla en el glaciar.
La última disposición de la Corte de Justicia de La Nación se dictó tras una controversia por la aplicación de normativas provinciales y la ley nacional. Hace 30 días la Corte determinó que la ley que se tiene que aplicar es la nacional, y de allí el fallo que prohibió la actividad en Famatina.
El Gobierno considera que si las agrupaciones que realizaron las presentaciones consideran que la zona es de glaciares, y que la actividad minera lesiona los intereses protegidos por la ley, es correcto que soliciten la aplicación de normativa nacional, para que se determine un inventario de glaciares en el departamento.

viernes, 27 de julio de 2012

PROYECTO RÍO COLORADO: URANIO, COBRE Y PLATA

El Proyecto Río Colorado se ubica en la región de Tinogasta de las provincias de Catamarca y La Rioja. El proyecto abarca una superficie de 762 km2 y alberga afloramientos mineralizados de uranio, cobre y plata en sedimentos del tipo Red-Bed detectados y explorados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en las décadas de 1950 y 1960.

A través de Jackson Global Limited, filial local 100% de su propiedad, Cauldron Energy (nuestra compañía madre) firmó un acuerdo exclusivo de opción con un particular (Dr. Horacio Solís), que le permite obtener el 92,5 % de participación en 230km2 del proyecto uranífero Río Colorado en Argentina. Los 532km2 restantes están bajo la titularidad de Jackson Gloabl Limited. Ambas áreas forman el Proyecto Río Colorado.

Cauldron obtendrá su participación inicial en el proyecto (51%) mediante la ejecución de un programa de trabajo mínimo que incluye 3.000 metros de perforación.

La compañía puede obtener el 92,5% del proyecto mediante la inversión de $500,000 en tareas de exploración dentro de los tres años posteriores a la obtención de su participación inicial.

Aspectos relevantes del proyecto:

• Zona de 16 km con afloramientos intermitentes de sedimentos mineralizados con mapeos y muestreos superficiales que indican espesores de 10 a 20 metros en una misma zona.

• Los sedimentos muestreados indican zonas mejores, de 300 a 3.000 ppm U3O8 con espesores de hasta 10,7 metros. Las anomalías de fondo adyacentes a estas zonas de alta ley alcanzan un promedio de 90 ppm U3O8.

• Los muestreos de due diligence realizados por Jackson arrojan resultados de hasta 2.451 ppm U3O8 (5.4 lbs/t U3O8) que confirman los muesreos a granel selectivos con valores de 2.900 ppm U3O8 documentados por la CNEA.

• La mineralización de cobre y plata tiene una distribución especial similar a la del uranio, pero está focalizada en zonas paralelas de estratos más angostos. En muestreos recientes se ha detectado mineralización de cobre con espesores que alcanzan aproximadamente tres metros. Sin embargo, la mineralización de cobre detectada, en su mayoría, está comprendida dentro de horizontes de menos de un metro de potencia. Los ensayos de hasta 3,73% de cobre y 17 libras de plata para estas zonas indican una mejor mineralización muestreada a la fecha.

• Las anomalías radiométricas no testeadas en sedimentos fluviales recientes no consolidados, derivados en parte del entorno mineralizado de roca dura descripto anteriormente, permiten explorar en busca de depósitos uraníferos del tipo Roll-front. No se han realizado tareas de exploración en busca de mineralización uranífera de este estilo en la región.

• Las anomalías radiométricas no testeadas en basamentos meta-sedimentarios y graníticos muestran un setting geológico similar al depósito uranífero Las Termas de la CNEA (0,1-9,2 % U3O8 según informes) ubicado a 50 kilómetros sobre rumbo geológico hacia el norte.








http://www.jacksonglobal.com.ar/proy_rio.php

MINERA ALUMBRERA EXPLORA EN AGUA RICA

Minera Alumbrera (Xstrata Copper) invertirá US$ 45.000.000 en exploración del proyecto Agua Rica (cobre y molibdeno), en Catamarca, que se perfila hacia 2017, cuando se agoten las reservas del cobre, molibdeno y oro del Bajo la Alumbrera que explota desde 1997. "La calidad del mineral baja a medida que el yacimiento va madurando, por eso buscamos dar continuidad a la actividad que d integrando a Agua Rica, para lo que ya iniciamos tareas de exploración y muestreo", aseguró el vicepresidente de Xstrata Copper, Julian Rooney. En 2011, Xstrata Copper y Goldcorp acordaron con Yamana Goldla opción exclusiva para Alumbrera del 100% de Agua Rica.

http://www.miningclub.com/nota/2314

LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS EN CERRO NEGRO


Catamarca ‘Minera-lizada’: la represión como ‘política de Estado’ y la rearticulación de un nuevo régimen de violencia colonial.
Horacio Machado Aráoz (Colectivo Sumaj Kawsay – Asanoa Catamarca – UAC – Universidad Nacional de Catamarca)

“La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el ‘estado de excepción’ en el que vivimos”. (Walter Benjamin, “Conceptos de Filosofía de la Historia”, 1959)
A apenas siete meses de su asunción, las esperanzas de distinto tenor que el nuevo gobierno ‘justicialista’ en la Provincia había despertado sobre un anhelado cambio en la política minera han sido completamente aniquiladas.  Por la fuerza de los hechos, aquellas expectativas dan la impresión de ser parte ya de un pasado remoto; hasta parecen nunca haber traspasado las fronteras de la pura ficción política. Es que, en lugar del diálogo con los movimientos sociales y de las promesas de “no permitir el saqueo”, el gobierno de la médica Lucía Corpacci se muestra empeñada en sostener a rajatabla el modelo de minería transnacional a gran escala. Así, lleva el triste récord de seis represiones en tan sólo siete meses. Aceleradamente, la nueva gestión trocó las ilusiones en frustraciones. Y no sólo eso: parece decidida a consolidar un implacable régimen de autoritarismo e intolerancia represiva en la materia.
Como no puede ser de otro modo, la persistencia en el mismo rumbo provoca la  generalización e intensificación de la violencia. Más allá de todas las ‘condenas’ hipócritas o ya directamente cínicas a la ‘violencia’, más allá de declaraciones ‘políticamente correctas’ de funcionarios y medios masivos de comunicación haciendo llamados vacíos al ‘diálogo’, los canales de la resolución democrática del conflicto son minados desde el poder, toda vez que parten de la descalificación absoluta a los interlocutores ‘ambientalistas’ y del presupuesto intransigente e innegociable de que la minería se hace ‘sí o sí’. En ese marco, la violencia se encarna como un rasgo estructural de nuestra sociedad local; una sociedad -hay que admitirlo- sometida a un brutal colonialismo histórico que, por supuesto, no es reciente.
En sus reflexiones sobre el fenómeno (“Los condenados de la Tierra”, 1961), hace unos cincuenta años atrás, Franz Fanon advertía  que la violencia impregna característicamente los entornos coloniales. Tal como lo estamos viendo y sufriendo en nuestra Catamarca y en Nuestra América toda, la violencia se vuelve un elemento endémico de las sociedades sometidas a coloniaje; afecta a todos los sujetos y a todas las dimensiones de la vidaPero no hay que perder de vista quiénes son, en realidad, los auténticos productores de esa violencia. Es que violento no es cualquiera, ni que se lo proponga. La violencia originaria sólo surge de y desde el lugar del poder. Los violentos de verdad no son ‘los que quieren’, sino los que pueden serlo; es decir, los que tienen el control sobre los recursos y medios de violencia; la capacidad objetiva y estructural para ejercerla.
Tal el caso de las nuevas autoridades del gobierno provincial. A ellas, y a sus aliados desde las estructuras del poder fáctico (las corporaciones mineras y las fracciones de la burguesía local subordinadas, la jerarquía eclesiástica y la dirigencia ‘intelectual’ institucionalizada y los dueños locales del poder mediático), les cabe la responsabilidad originaria sobre esta escalada de violencia manifiesta que se viene instalando como ‘rutina’ en la cotidianeidad de la vida de los habitantes de estas tierras.
A no dudar, la responsabilidad central recae sobre las autoridades electas del Ejecutivo provincial. Es que de allí nace –con todo el respaldo del gobierno nacional- la decisión política fundamental de sostener a toda costa el ‘modelo minero’. Y esto, de por sí, intensifica la conflictividad estructural. Tal como puede verse  en todo paisaje sujeto a este tipo de explotaciones, como se reproduce miméticamente en otras geografías locales de nuestra América Latina (en Espinar, en Cajamarca, ahora en Perú; en San Luis Potosí en México; en Cotacachi, la cordillera del Cóndor y la provincia de Azuay, en Ecuador; en el Valle de Siria y el Copán, en Honduras; en la región de San Marcos, Guatemala, y El Dorado, en El Salvador), la porfiada insistencia de los gobiernos en avalar la minería transnacional a gran escala, conduce, tarde o temprano, a los mismos escenarios de represión manifiesta, violación sistemática de derechos humanos, secuestro literal de las aspiraciones democráticas y de los más elementales componentes del Estado de Derecho.
Al insistir en el mismo rumbo de extractivismo neocolonial, el nuevo gobierno de Catamarca parece decidido a extremar, como política, la depredación de derechos. Hay sí, en este nivel, un peligroso cambio en las estrategias y tácticas de la política represiva. En pos de aplastar la resistencia social a la minería transnacional, el gobierno provincial ha venido desarrollando un proceso de intensificación y diversificación de la violencia que ha terminado desembocando en la conformación de un nuevo régimen represivo.

Elementos del nuevo estado represivo
Contraviniendo ‘ilusiones’ de propios y extraños, el kirchnerismo catamarqueño asumió como eje de su gobierno la defensa de los intereses de la minería transnacional implantada en los ’90, en tiempos de  de neoliberalismo furioso. Una vez en el poder, abandonó impúdicamente las oportunistas críticas que desde la oposición profería a los entonces regentes del Frente Cívico y Social. Pero no sólo eso. En poco tiempo terminó por diseñar y plasmar en  los hechos un nuevo formato represivo para afrontar la resistencia social que, al cabo de quince años de trágica experiencia de Minera Alumbrera, se fue gestando tanto en el interior de la provincia como en el resto del territorio nacional amenazado por el mismo flagelo.
Sin siquiera haber intentado avanzar en la construcción de una estrategia de diálogo, tal como lo había prometido en su campaña pre-electoral, el gobierno de Lucía Corpacci enfrentó como a sus principales enemigos a los colectivos de vecinos movilizados en contra de las explotaciones mineras. Ante las primeras manifestaciones de protesta, el gobierno provincial fue ensayando distintas medidas, entre propagandísticas, disuasorias y lisa y llanamente represivas, que terminaron de plasmarse en lo que ahora asoma como un nuevo régimen gubernamental minero. Hoy, a siete meses de ‘gestión minera’, los rasgos constitutivos de ese nuevo régimen están a la vista. Hagamos un repaso muy esquemático de los elementos y momentos de este proceso.

-  Primero. El pacto gubernamental-corporativo. Se completa y perfecciona el proceso de colonización del aparato estatal por parte de los intereses minero-corporativos. El nombramiento de un histórico empleado de staff de Minera Alumbrera al frente de la secretaría provincial de minería y la tan promocionada creación de una nueva empresa estatal minera sellan simbólicamente este nuevo momento de la gobernanza colonial.
El gobierno procura un pacto con las transnacionales mineras por el que el asume la tarea sucia de garantizar a toda costa la viabilidad de las explotaciones a cambio –otra vez- de casi nada: unos pocos ‘nuevos’ puestos de trabajo ‘locales’, la renovación del improbable compromiso empresarial de incrementar sus compras ‘locales’ y ‘alentar’ el ‘desarrollo de proveedores locales’, más la promesa de engrosar los recursos del ítem de ‘responsabilidad social empresaria’ de sus costos operativos. Tras ‘reclamos’ entre infantiles e ingenuos, tales como ‘que las mineras abran sus oficinas en la provincia, contraten abogados y contadores catamarqueños, aumenten la mano de obra local’, etc., el gobierno provincial ha buscado presentarse a la sociedad como ‘más exigente’ frente a las mineras a fin de, en contrapartida, legitimar su apoyo oficial a la actividad.
Las ‘exigencias’ que el gobierno plantea a las mineras implican, en realidad, un acta de capitulación frente a los intereses ya consolidados de las corporaciones. Pues, de hecho, suponen el renunciamiento del gobierno de la provincia, no digamos ya a modificar la matriz de esta economía de enclave, sino hasta de buscar reducir la vergonzosa ecuación fiscal y de reparto de costos y ganancias impuesta por el régimen ‘legal’ minero de los ’90. Muchos de los principales referentes del actual oficialismo, que en tiempos de ‘oposición’ presentaron proyectos de leyes reclamando la des-adhesión de la provincia a la Ley de Promoción de Inversiones Mineras (Ley N° 24.196) y sus correlativas, modificación del régimen de regalías, hoy se asumen como resignados defensores de las ‘reglas de juego’ instaladas en tiempos de vorágine neoliberal. Así, la aspiración más ambiciosa del gobierno en la materia se restringe a incrementar la tajada de la renta minera a través de la creación de una empresa estatal, dirigida supuestamente a asegurar que la Provincia participe de un porcentaje de las utilidades empresariales, un esquema ya aplicado en el caso de Alumbrera a través de YMAD.
Lo que podemos esperar de este ‘gran cambio’ es, en realidad, bastante gris-oscuro: a contrapartida de un ‘incremento’ en la porción de la renta minera por parte del Estado provincial (que puede traducirse en ‘obras’, en aumento de la corrupción, el clientelismo y/o el enriquecimiento de los contratistas del Estado), se consolida la asociación estratégica entre los ocupantes del aparato estatal y las transnacionales, que –por el control tecnológico, financiero y comercial que ejercen sobre el ‘negocio minero’- se afianzan como el protagonista central y excluyente de los procesos económicos –y por ende, políticos y culturales- de la Provincia en general.
Avanzados en este modelo de ‘asociación estratégica’, ir contra las empresas mineras, será ir contra los intereses mismos del ‘Estado provincial’. Tal como se viene perfilando ya de hace tiempo en la retórica gubernamental, la minería (es decir, los intereses de las grandes corporaciones mineras) se instituyen como ‘oficialidad’; una ‘política de Estado’ que se pretende y se presume por encima de todo cuestionamiento de la ciudadanía, al margen mismo de la voluntad popular.
-  Segundo: el aparato de propaganda minera. Otro elemento fundamental a través del cual el nuevo gobierno avanza en la conformación del nuevo régimen minero tiene que ver con los intentos de apropiación monopólica del espacio semiótico de lo público y su instalación de la ‘minería’ como rasgo y símbolo central de la ‘identidad catamarqueña’. Si bien esto es parte de un ‘esfuerzo’ que se inició ya con el gobierno anterior del Frente Cívico, el cambio en la intensidad y la masividad de las ‘campañas de comunicación’ impulsadas por la nueva gestión dan cuenta de un salto cualitativo en la materia.
Asistimos en los últimos meses a una intensa arremetida propagandística dirigida a instalar la sensación política de la incuestionabilidad del ‘modelo minero’. Emulando en lo grotesco las prácticas del trágicamente célebre ministro de Educación Popular y Propaganda del régimen nazi, y pionero moderno de la guerra ideológica, el nuevo gobierno provincial han puesto un denodado esfuerzo en montar un aparato goebbelsiano de ‘apoyo a la minería’.
Con la decidida colaboración estratégica de las empresas ‘periodísticas’ locales (de las que nos ocupamos más adelante) el gobierno ha erosionado gravemente las condiciones de posibilidad del debate político, adoptando monolíticamente la propaganda como único recurso y modalidad comunicacional[1]. La propaganda desplaza y reprime el debate. Instala una base de violencia simbólica en todo proceso comunicacional que suprime cualquier posibilidad de diálogo. Ante la propaganda, no hay lugar para la argumentación.  Y en tal dirección ha avanzado este gobierno: ha procurado imponer a sangre y fuego del sello ‘Catamarca minera’ por todos los medios; generando un clima de asfixia y hasta de persecución ideológica. No ha escatimado recursos ni se ha detenido por ningún tipo de ‘pruritos’ éticos. El aparato propagandístico montado en la reciente Fiesta Nacional del Poncho es una muestra ejemplar del nivel de violencia simbólica ejercido, en este sentido, desde el discurso oficial. Una radio permanente, los stands oficiales y la folletería con la acostumbrada estética de ostentación, todos, con un mensaje monolítico que se repite hasta el hartazgo: “Catamarca Minera”. Y al nuevo  eslogan ‘identitario’, como haciendo una profesión de fe ideológica, se sumaban los latiguillos ya archi-conocidos: “Minería participativa, transparente y sustentable”, podía leerse en carteles y folletos… Como diría Eduardo Galeano, “dime de qué alardeas y te diré de qué careces”
La afirmación del absurdo, la aseveración de lo propiamente ilógico, parecen recursos característicos de una modalidad propagandística directamente enfocada a instalar un régimen de dogma… No hay allí lugar para el debate, el disenso, ni la comunicación democrática; no hay posibilidad de argumentación, ni ya de enunciación de las opiniones en contrario. Lo diferente es, a priori e ipso facto, descalificado. Tal, el modus operandi y la lógica de la propaganda como comunicación política; tal, el efecto de la violencia simbólica: la instalación de un escenario semiótico radicalmente autocrático e intolerante que constituye la antesala legitimatoria de toda práctica represiva posterior.
-    Tercero. El poder de fuego mediático. Otro de los elementos claves que convergen en la intensificación del entorno autoritario emergente es el papel que vienen desempeñando los que detentan el cuasi-monopolio local de la comunicación masiva. Se trata de uno de los lugares de poder clave vienen ejerciendo una forma de violencia sutil y pretendidamente desapercibida, a través de su ‘cobertura’ de la conflictividad social en torno a las mega-explotaciones de la minería transnacional. Las empresas periodísticas locales  se han constituido, hoy por hoy, en un medio de producción de violencia simbólica que ha venido a desempeñar un papel cada vez más preponderante en la constitución del nuevo régimen minero.
En sus crónicas y en sus líneas editoriales en general, los principales diarios y radios comerciales de Catamarca vienen ejerciendo sistemática y crecientemente un inusitado nivel de violencia que exacerba los más profundos reflejos de autoritarismo e intolerancia, propios de una sociedad de exclusiones y desigualdades históricas extremas, como la nuestra.
Desde el aparente lugar de la ‘neutralidad’ y la ‘objetividad’, recurriendo a la trampa ideológica de colocarse ‘fuera de la escena’, apropiándose espuriamente del ‘interés general’ para hablar ‘en nombre de todos’, ocultando los indisimulables vínculos materiales y simbólicos que los atan a los otros nodos del poder (gobierno y corporaciones), las empresas periodísticas locales vienen disparando indiscriminadamente su artillería pesada con municiones de guerra contra la resistencia socioambiental a la minería transnacional, en nuestra provincia, en  la región y en el país en general. De modo cada vez más desfachatado vienen manipulando y tergiversando recurrentemente los hechos, fabricando con sus versiones una ‘realidad’ a imagen y semejanza de sus intereses y posiciones ideológicas.
Creyéndose o sabiéndose virtualmente impunes (¿cómo refutar masivamente sus aseveraciones?), estos mercaderes de la ‘información pública’ vienen apelando inescrupulosa y sistemáticamente a las falacias argumentales más burdas y a la directa distorsión y falseamiento de los hechos, a tal punto que exceden ya lo grotesco. Con su activa y deliberada intervención vienen contribuyendo notablemente a la instalación y legitimación de un clima societal de autoritarismo, represión e intolerancia política que no sólo socava las condiciones básicas de un ‘estado democrático’, sino ya las garantías y derechos elementales de un ‘estado de derecho’.
Los contenidos y estilos adoptados en la ‘cobertura’ de la última acción de protesta en Cerro Negro y del violento desalojo realizado por fuerzas policiales y parapoliciales el pasado viernes 13, no han sido una excepción a la regla, sino más bien su exacerbación. La vinculación de los principales medios comerciales con la política represiva del Estado excede ya el nivel de la complicidad y pasa a constituirse en un agente promotor clave de tales políticas. La alianza económica e ideológica que conforma la comunión de intereses entre el Estado, las corporaciones mineras y sus súbditos, y los grandes medios locales conforma la estructura institucional operativa del nuevo régimen minero instalado como gobierno de facto que ejerce el poder sobre nuestro territorio y nuestra población. Bajo este inédito régimen neocolonial no hay lugar ya para el ejercicio de derechos, ni para la Ley, ni para la Verdad. Lo burdo y lo grotesco se instalan como estética del coloniaje mediático… En defensa de una empresa de origen suizo, que tiene domicilio legal en las Islas Caimán, que exporta todo nuestros minerales, nuestra agua y nuestra energía para subsidiar la industrialización voraz de China, practica un chauvisnismo localista ridículo, ‘acusando’ de ‘foráneos’ a vecina/s de otras provincias, igualmente afectados por el mismo flagelo extractivista, ya minero, ya sojero, como si la Constitución Nacional no fuera una sola, válida para todo el territorio nacional; como si Minera Alumbrera sólo tuviera su teatro de operaciones en la provincia de Catamarca y su pluma contaminante no se extendiera a otras provincias; como si el hecho de haber nacido en otra provincia o el hecho de movilizarse en defensa de nuestra Madre Tierra fueran ahora peligrosas tipologías delictivas del Código Penal… Con una aridez argumental desopilante, las empresas periodísticas locales ejercen igualmente su poder de fuego azuzando la violencia; instigando a la represión… Y hay que preguntarse si como sociedad nos merecemos esto… ¿Hay derecho a tanta impune violencia? ¿Hay derecho a tanto maltrato y a tan brutal subestimación de la cultura política de nuestra sociedad?
-     Cuarto: sin división de poderes, todos unidos en la represión y la criminalización. El recurso a la violencia que ha hecho este gobierno como forma de imponer la identidad minera, por supuesto, no se restringe al campo de lo simbólico. Ha avanzado abierta y manifiestamente en la diversificación de las estrategias de la violencia represiva y material de los hechos y las armas.
En este campo ha avanzado a fuerza de ensayo y error. Primero, ha recurrido al uso burdo y tosco de la represión brutal y manifiesta; tal los casos de los violentos desalojos de los bloqueos selectivos en las rutas de acceso a Minera Alumbrera en las rutas nacionales de Santa María, Belén y Tinogasta, durante enero y febrero de este año. A los detenidos en Santa María, por parte de un fiscal que adujo aplicar la flamante ley anti-terrorista contra los manifestantes, se sumó la represión, persecución y detención del bloqueo selectivo en Belén, para culminar en la brutal intervención de la infantería provincial en el desalojo de la ruta N° 60 contra una masiva manifestación de resistencia del pueblo tinogasteño. Mujeres, niños, adultos mayores, hombres, todos los que buscaron seguir sosteniendo el bloqueo selectivo a los insumos mineros, fueron indiscriminadamente reprimidos con el recurso a bastonazos, balas de goma, gases lacrimógenos y la intervención de la ‘división canina’.
El despeje de las rutas a fuerza de violencia bruta ha sido, sin embargo, muy costoso para el gobierno, aún con todo el ‘apoyo moral’ de los medios masivos locales. Se hace insostenible el discurso oficial de presentarse como un “gobierno que no reprime la protesta social”. Los artilugios de disimular mediáticamente la represión, de eludir la responsabilidad política de la misma endilgándoselas cínicamente entre el poder ejecutivo y el poder judicial, se mostraron a todas luces insuficientes para cubrir los costos políticos de la brutalidad represiva.
Le siguió la intensificación de la ya aludida campaña propagandística. Se sumaron otras voces y otros ‘argumentos’. Desde el poder judicial, la presidenta del máximo tribunal de justicia de la provincia, Amelia Sesto de Leiva, disparó “la única solución para los ambientalistas es la Cárcel” (Diario El Ancasti, 1° de junio de 2012). Vale la pena reproducir sus declaraciones textuales pues, en su lapsus, expresan el absurdo jurídico y político de la medida: “Ustedes han visto por ejemplo por televisión que los ambientalistas en otras partes se prenden de las máquinas (...) se tiran al mar. Son gente que está dispuesta a exigir que se cumpla su derecho y bueno, a esa gente habrá que sacarla y llevarla a la cárcel” (Diario El Esquiú, 02 de junio de 2012). Sin comentarios…
En realidad, las declaraciones de Sesto de Leiva anticiparon la convicción y disposición de las propias autoridades de la Justicia para actuar e intervenir al margen de la ley si fuera necesario para impedir que las protestas obstaculicen las operaciones de las mineras. ¿Qué otra cosa significa que hay que llevar a la cárcel a “aquellos que están dispuestos a exigir que se cumpla su derecho”?. Y eso es lo que finalmente sucedió en los hechos pasados de Cerro Negro: la violación de los principios más elementales de un Estado de Derecho.
En el ‘pacífico’ desalojo de Cerro Negro, se cometieron atropellos gravísimos. La propia Justicia y las instituciones del Estado actuaron al margen de la Ley. La fiscal provincial de Tinogasta (Silvia Álvarez) extendiendo ilegalmente su injerencia en jurisdicción federal y sin mediar comisión de delito de alguno; la policía de la provincia procediendo a la literal usurpación y posterior deportación de un colectivo que trasladaba a 54 personas cuyo único ‘delito’ fue venir a solidarizarse con la medida de protesta decidida por las asambleas de Catamarca y de todo el país en el Acampe de Cerro Negro; interviniendo con la más absoluta arbitrariedad y abuso de poder, golpeando y amenazando a los que procuraron resistir semejante atropello y actuando aún como ‘fuerzas de seguridad’ en territorio jurisdiccional de otras provincias (La Rioja y Córdoba); más, la actuación ilegal de policías ‘de civil’ que engrosaron las filas de los ‘manifestantes pro-mineros’. Y por si todo esto fuera poco, la detención ilegal del ciudadano tinogasteño Pablo Romero por parte de efectivos de la Policía de la Provincia que se conducían sin sus uniformes reglamentarios y  en un automóvil con los vidrios polarizados y sin la correspondiente chapa patente identificatoria, a la más burda usanza de los ‘años de plomo’.
Efectivamente, como en tiempos de la dictadura, en Cerro Negro se procedió a la privación ilegítima de la libertad de personas, al secuestro y la detención arbitraria de ciudadanos, sin la previa eventual comisión de delitos; agentes y oficiales de justicia actuaron violando la propia normatividad constitucional, avasallaron competencias jurisdiccionales e incluso la división funcional de poderes. Se violentaron fundamentos básicos del Estado de Derecho. Todo, con el único fin de impedir el bloqueo temporal de los insumos a Minera Alumbrera.
Así, el poder minero no se contenta con haber colonizado el aparato administrativo del Estado, con haber instituido la legalidad del nuevo régimen de saqueo (Ley 24.196 y sus correlativas), sino que ahora incluso arremete contra la propia institucionalidad formal violando flagrantemente los principios más elementales del ordenamiento constitucional. Como en otros territorios de América Latina, el régimen minero se muestra manifiestamente incompatible con el Estado de Derecho y con el respeto de los Derechos Humanos.
-     Quinto: los nuevos grupos de tarea y la tercerización de la política represiva. Ante los hechos consumados de la violación del orden jurídico, desde el Estado se instala un clima de impunidad que se complementa con la ‘tercerización’ y el camuflaje ‘social’ de la  política represiva. Como se ensayó previamente en el desalojo de Belén y ante el bloqueo ‘pro-minero’ perpetrado en la ciudad de Andalgalá, en la semana en que se cumplían dos años de la violenta represión del 15 de febrero de 2010, desde el gobierno provincial y de ciertos gobiernos municipales se recurrió al reclutamiento de una fuerza de choque dirigida a instigar y amedrentar a los manifestantes en la ruta. En Cerro Negro se ha visto el recurso a esta estrategia en su máxima expresión: la formación de grupos para-estatales, autodenominados grupos por el ‘trabajo’, que contaron con todo el respaldo logístico y político de las autoridades provinciales y policiales para actuar con total impunidad, amenazando abiertamente a recurrir al uso de la fuerza para desplazar por sus propios medios a los manifestantes en contra de las explotaciones mineras.
Con esta irresponsable estrategia es que se apela al enfrentamiento directo entre fracciones de la población como medida para eludir el costo político de la política represiva del Estado. Demostrando la prácticamente inexistente raigambre de la minería transnacional en el tejido social local, para la formación de estos grupos, debieron recurrir a empleados municipales, policías vestidos de civil y grupos de barra-bravas de clubes de fútbol ‘importantes’ de provincias vecinas. El colmo del cinismo, es que la policía de la provincia ‘procede al desalojo’ de la/os asambleístas bajo el ‘argumento’ de hacerlo para resguardar la integridad física de los mismos, atentos a que de otro modo, no podrían garantizar evitar el ataque de los grupos ‘pro-mineros’.
Con el hostigamiento de la patota oficialista –que llegó a tirar piedras y bombas de estruendo al campamento de asambleístas- y la inminente intervención represiva de la guardia de infantería de la provincia y el Grupo Kuntur, la asamblea nacional de Cerro Negro decidió acatar el desalojo para evitar un desborde aún mayor de violencia, esta vez de consecuencias incalculables. Pero los acontecimientos no terminaron ahí: la policía de la provincia, como se dijo, secuestró literalmente el colectivo de manifestantes que vinieron en apoyo de distintos puntos del país para proceder a deportarlos por la fuerza del territorio provincial, impidiéndoles acampar y/o detenerse aún en territorio de la provincia de La Rioja y conduciéndolos hasta los límites con la provincia de Córdoba. ¿Con qué autoridad? ¿Bajo qué cobertura legal? ¿Qué tipología delictiva se supone que se aplicó, por cuál organismo de Justicia? Absolutamente ninguna. Puro abuso de poder. Usurpación y ejercicio de facto de la fuerza represiva del Estado al margen de la propia legalidad que pone en suspenso las garantías constitucionales y que deja a la ciudadanía en condiciones de indefensión jurídica. Cabe tomar nota de que, sin exagerar, éste es uno de los rasgos básicos de lo, en la ciencia política, que se conoce como ‘terrorismo de Estado’.
En definitiva, a través de los momentos y elementos señalados, desde la brutal represión al bloqueo selectivo en Tinogasta el 10 de febrero de 2012 al accionar de mafias para-estatales en Cerro Negro, el pasado 20 de julio, se puede constatar que el gobierno ha venido alimentando irresponsablemente una creciente escalada de violencia –de la material y la simbólica, de la manifiesta y la latente; de la institucional y de la extra-oficial- dirigida a arrancar de cuajo todo vestigio de resistencia y/o manifestación popular en contra del ‘modelo minero’, asumido como ‘política de Estado’. La instalación de un clima generalizado de (auto)censura, miedo social y/o de resignación parecieran ser los objetivos no declarados de esta nueva estrategia.
El nivel de expropiación al que como poblaciones de un territorio-objeto-de-saqueo nos vemos sometido es ya extremo: alcanza ya el más elemental plano de la institucionalidad formal y el de la legalidad. Lo que debería ser considerado como expresión de virtud cívica, necesaria en un estado democrático, (la activa participación ciudadana en la defensa de los intereses generales), se lo asimila lisa y llanamente a una figura delictiva. Hay, de hecho, un avance del derecho penal represivo sobre la órbita de los derechos humanos básicos. Los ciudadanos (independientemente de la jurisdicción provincial en la que nacieron, todos igualmente sometidos a los dictados generales de la Constitución Nacional) son considerados y tratados como delincuentes por el solo hecho de manifestarse, aún haciéndolo pacíficamente y en el más estricto respeto por la legalidad.
Así, esta escalada de violencia está desembocando, de hecho, en una profunda y grave metamorfosis del propio régimen de gobierno. Venimos asistiendo a la progresiva configuración e imposición de un nuevo régimen gubernamental de facto. Hay una nueva configuración de poder que rige en el territorio provincial, estructurada a partir de la articulación funcional y operativa de autoridades electas y poderes fácticos, que se impone por encima del ordenamiento jurídico constitucional, disolviendo garantías y derechos básicos, licuando la división de poderes y de competencias jurisdiccionales,  y que se sirve discrecionalmente de las instituciones y funciones del Estado con la única finalidad de viabilizar las operaciones de las grandes empresas mineras que actúan en la Provincia.
Desde su asunción a esta parte, llegando a los acontecimientos recientes de Cerro Negro, la actual administración kirchnerista de la Provincia está llevando la furia extractivista demasiado lejos. Está minando las bases elementales del Estado de Derecho. Y parece no tener ningún tipo de escrúpulos con el fin de impulsar y usufructuar como socios subordinados una nueva etapa de saqueo minero transnacional. La seguridad jurídica garantizada a las empresas, se traduce en una literal licencia para depredar derechos; un estado de impunidad que se traduce en la precarización y vulneración de los derechos de los pobladores. Los hechos consumados señalan que estamos ante la un escenario de peligrosa fragilidad de las garantías constitucionales y donde, desde las más altas esferas de gobierno, se viene imponiendo un régimen de autoritarismo, represión  y persecución ideológico-política que es inédito en tiempos de ‘democracia’.
La complicidad manifiesta de los medios de (des)información pública, la inercia rutinaria de atropellos que llevan a la resignación primero y al acostumbramiento después, no deberían ser suficientes para anestesiar los nervios políticos de nuestras aspiraciones democráticas. Lo que ha acontecido en Cerro Negro ha sido grave. Demasiado grave como para ‘dejarlo pasar’ y ‘mirar para otro lado’. No podemos dejar de tomar conciencia sobre ello; ni podemos permitir que se siga avanzando en este rumbo. Pues la pasividad, la falta de reacción ciudadana, ya sea por temor, por resignación, por ‘cansancio’, ‘comodidad’, o por conveniencia, nos convierte literalmente cómplices del curso de los acontecimientos. Y los gerentes del poder, y sus lacayos mandamases locales, están buscando justamente eso; están reclutando cómplices… Sólo extendiendo la membresía de complicidades, lo intolerable puede tornarse ‘norma’…


[1] Hablamos de ‘propaganda’ en su estricto sentido técnico: una modalidad de comunicación y estrategia discursiva explícita y deliberadamente construida y orientada a influir en la actitud y la percepción de la comunidad hacia algo, para cuyo fin no escatima en recurrir a un discurso monológico y repetitivo, parcial, sesgado y hasta falaz. Al contrario de la comunicación dialógica, la propaganda es una forma intencional y sistemática de persuasión ideológica que nada tiene que ver con el diálogo y la comunicación política que se supone en la base de toda construcción democrática.

Corto Los del Algarrobo - Andalgalá Catamarca

Andalgala en el Bicentenario, Resistencia a la contaminacion y el saqueo, 2010

EXCELENTE VIDEO SOBRE ANDALGALA

Informe de Telenoche sobre los sucesos de Andalgalá

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!

PROYECTOS MINEROS

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