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viernes, 20 de agosto de 2010

Comisión de Medio Ambiente consultó con la Coordinadora Interprovincial su postura sobre la Ley de Glaciares


Representantes de la Coordinadora Interprovincial en Defensa del Territorio y los Bienes Comunes participaron en la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en la que  expusieron su fundamentación en contra la aprobación del proyecto de Ley de Glaciares enviado por el Poder Ejecutivo de la provincia que obtuvo media sanción en el senado.
En la sesión presidida por la diputada Amalia Buenader y que contó con la presencia de los diputados Miguel Figueroa Vicario, Alfredo Gómez, Silvia Moreta, Ricardo del Pino, Fabiola Garrot y Renato Gigantino,  los referentes de la coordinadora desarrollaron una amplia explicación de su posición pública en contra del proyecto del ejecutivo provincial.
La presidenta de la comisión expresó que la Ley de Glaciares no fue abordada todavía por la misma debido a que todavía se está analizando la Ley de Bosques. De esta manera los diputados presentes aclararon que es muy poco factible su pronto tratamiento en el recinto de sesiones la polémica ley que fue rápidamente y sin un análisis responsable aprobada en el senado con el voto unánime de oficialismo oposición.  
La diputada  Amalia Buenader fue categórica al expresar que “la ley de bosques nos ha llevado mucho tiempo, y todavía no terminamos porque no se hizo una convocatoria pública para todos los sectores, se abrían cerrado muchas cosas si las consultas si se hubieran realizado con antelación.
“La ley de Bosques y la Ley de Aguas son malísimas y probablemente lo va a ser también la de glaciares”, manifestó  Julio Andrada, integrante de la comitiva ambientalista.
El diputado Miguel Figueroa Vicario especificó que el senado toma un artículo de su proyecto de  ley de recursos naturales en general “porque no tenemos ley de ambiente, bosques y recursos en general, no hay un marco regulatorio amplio y completo”. Sin embargo el artículo incorporado por el senado  hace referencia a que la ley nacional no puede alterar “las atribuciones de la Provincia de Catamarca como titular de los recursos naturales.”
El Dr. Julio Andrada de la Coordinadora se manifestó al respecto “La ley nacional  del ambiente es suficiente, establece los presupuestos mínimos en su art. 41 y hay también  legislación internacional respaldatória. No hay problema en que la provincia no la tenga, la provincia no puede legislar menos de lo que ya está legislado a nivel nacional, es decir que en este sentido Catamarca no puede contradecir una ley nacional. No se puede poner una clausula que genere un conflicto de leyes porque siempre va  a primar la nacional y los tratados internacionales. A eso apunto en referencia al artículo sobre la titularidad de las  reservas”, aclaró.
Por su parte Horacio Machado dijo: “Del uso y disposición de  los recursos naturales es competencia de las provincias, porque eso no lo establece la ley nacional. No hay incompatibilidad en ese sentido porque no hay disponibilidad de uso y aprovechamiento de los recursos críticos porque son estratégicos. La situación es similar a la  ley de bosques. No hay injerencia de la nación en ese sentido.
El diputado de la “Renovación Peronista”  Miguel Figueroa Vicario a su turno expresó:” Acá hay otro asunto, el piso normativo se establece de abajo hacia arriba, nación normas bases y las provincias normas adicionales. El sistema no es más dual, armonía y colaboración, federalismo y concertación. Audiencia para escuchar a las provincias.”
Machado en otra intervención manifestó que la Nación no ha usurpado nada a las provincias y que la ley nacional es de presupuestos mínimos. “Nosotros hemos manifestado públicamente que el proyecto provincial es de  Ley de desprotección de Glaciares, lo hemos planteado como una dimensión política y jurídica, nos interesa la primera. No es casual como se han gestado estas leyes luego del viaje de la presidenta a Toronto con algunos gobernadores luego del veto de Cristina Fernández de Kirchner a la Ley de  Marta Maffei. Proyectos similares se han aprobado en Jujuy, Salta,  San Juan, Salta y  Santiago del Estero.
Los dirigentes ambientalistas afirmaron que se está tratando de generar un marco normativo  que sea permisible a las actividades extractivas en zonas de alta montaña que son las nacientes  de las fuentes de agua y las reservas hídricas de los ecosistemas de los valles áridos que son los que tenemos en nuestra región, “eso sería nefasto”, aseguraron.
“Existe una contradicción entre lo que es protección y preservación de la región y los bienes comunes con la actividad de estas empresas, por la tecnología que utilizan son altamente invasivas y destructivas. Más allá de que hay un  discurso sobre los beneficios del desarrollo sustentable que defiende estas actividades, es imposible compatibilizar crecimiento económico con destrucción de recursos naturales. Hay que ver que se puede hacer y que no”, sostuvo Horacio Machado.
Otra de las objeciones apuntadas por la Coordinadora fue la no inclusión de los periglaciares, definiendo a estos como “un  subsistema dentro un sistema glaciar del que forman una unidad”  y que con la actividad extractiva se terminara afectando la acumulación de recursos hídricos que alimentan a las nacientes de los ríos, arroyos y reservorios subterráneos.
Sobre el artículo 5 de la ley provincial sostuvieron que no establece ninguna medida precautoria hasta que se realice el inventario el cual tiene un plazo de 2 años más 180 días, tiempo excesivo y virtual espacio de libre disponibilidad. Se desconocieron principios preventivos y precautorios del ambiente, ley nacional y tratados internacionales sobre la biodiversidad.
El diputado Figueroa Vicario se sumó a la critica afirmando que “la autoridad de aplicación  en la Rioja y San Juan permiten la actividad científica a pie o en esquíes en los glaciares, la nuestra permite directamente la minería con maquinas abriendo caminos.
 “Es notable que el proyecto del senado es una propuesta de desprotección de los glaciares, llamarlo de otro modo es un mero juego de palabras”, sostuvo de forma clara el legislador.
También se planteo que es correcto que la Secretaria del Agua y el Ambiente realice y  controle la observancia del inventario, lo cual está bien ya que es su naturaleza específica, sin embargo en el artículo 5 se establece que se puede delegar esta función a entidades públicas y/o privadas, lo cual se puede habilitar a una consultora de dudosa independencia porque justamente la actividad de los geólogos está fuertemente vinculada y fuertes intereses con las empresas  de actividad extractiva en general y con la minera en particular. “Ya vemos consultoras privadas que proveen servicios a empresas mineras  diciendo que no impactan en el medioambiente.
Por otro lado también se cuestiono a la Secretaria de Minería como organismo para evaluar y avalar a las consultoras y sus informes de impacto ambiental, “son parte interesada porque su función es promover la minería. Se plantea una contradicción de intereses, afirmaron.
“Quien va a ser quien controle y evalúe la actividad extractiva minera en la alta montaña, hay solo 30 glacialogos formados en el país no dan a basto para controlar las explotaciones que están en marcha, mucho menos nuevos emprendimientos de la naturaleza y dimensión de Agua Rica.” Explicito Machado.
Afirmaron además “pensar que este control lo  puede hacer la provincia nos parece una burla o una ingenuidad”  Hay glaciólogos que cambiaron su punto de vista sobre Pascua Lama luego de ser contratados  por la Barrick Gold Corporation
El gobierno nacional es menos vulnerable que el provincial que no se puede parar ante la presión de las empresas megamineras, no tiene estructura ni poder para negociar con las multinacionales. El gobierno nacional no es garantía pero eventualmente puede hacer frente a las empresas. La ley nacional es por lejos más protectora que la norma propuesta por el Ejecutivo provincial. 
 Se debe crear un organismo múltiple en el que tenga injerencia en esto el ministerio de la salud, esta área del Estado no tiene ni idea del impacto que produce en la población la actividad extractiva minera en Andalgalá y Belén. No hay un estudio de base de la morbilidad de esas regiones, de modo que manera de hacer análisis comparativo para saber si aumenta o disminuye. De 10.000 hojas que tiene el informe de impacto ambiental de Agua Rica no hay una palabra sobre el estado de situación de salud de los andalgalenses.
El juez Rodolfo Cecenarro con motivo del amparo a la actividad de Agua Rica preguntaba si había afectación a la salud o no lo había. No tuvo respuesta, estamos en un estado de desprotección absoluta. El área de agricultura debería hacer estudios sobre la calidad del agua y el suelo, no lo hay.
“Hay que mejorar estos mecanismos, no podemos aceptar un proyecto mas en estas condiciones”, sostuvo Machado.
Sobre el Consejo Consultivo Minero afirmaron los referentes de la Coordinadora: “En materia ambiental no pueden ser un órgano de consulta, está formado por empresarios, por asociaciones representativas de las corporaciones mineras, esto es una vergüenza.”
Finalmente afirmaron sobre la explotación de Agua Rica que 15 Km a la redonda  de Andalgalá, la población  no va tolerar 60 toneladas de explosivos diarios, el polvo fugitivo en suspensión empujado por un viento  que viene del cerro a la ciudad, es condenar a un pueblo si se permite este proyecto.
Los integrantes de la Comisión se comprometieron a ampliar la consulta con la Coordinadora Interprovincial en defensa de los Bienes Comunes y el Territorio.





  

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  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
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