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jueves, 16 de febrero de 2012

Como en los ’70 pero en 2012


Lo que está sucediendo en la ciudad de Andalgalá, Catamarca, es sumamente grave. Patotas que responden a las empresas mineras Alumbrera y Agua Rica tomaron el absoluto control.

Por Sergio Giachino (Colaboración)

El Estado nacional y el provincial como así también la policía y la fiscalía, no solo hacen la vista gorda sino que además, avalan esta violación del Estado de derecho. Tal es este aval que del ‘piquete minero’ participan altos funcionarios de la Secretaria de minería de la Nación y de la provincia de Catamarca, como así también concejales en ejercicio que responden al Frente para la victoria. Ipodagua.com denunció esta semana con nombre y apellido y la vinculación de estos con las empresas (Ver en Ipodagua.com). “El piquete minero es liderado por funcionarios nacionales, provinciales y ediles de Andalgalá). En su mayoría son proveedores mineros que persiguen solo un interés económico.
Pero el agravante de esto es las persecuciones que está llevando adelante el Estado hacia quienes defienden la vida. Al piquete minero que aísla la ciudad, y que impide el ingreso a toda aquella persona que no sea de Andalgalá, inclusive los periodistas, se le suma el despliegue por los campos que rodean la localidad de personal contratado por las empresas en una suerte de custodia ante una sociedad movilizada por el rechazo a la mega minería. Los cortes de luz por las noches, sumado a la intervención de los celulares y el servicio de internet de los asambleístas también es común en el último tiempo.
El día martes por la noche se vivieron horas de mucha tensión, dos camionetas que pertenecen a las empresas Alumbrera y Agua Rica cercaron sobre la ruta provincial 46 a un auto donde se trasladaban de Belén a Andalgalá cuatro asambleístas. La policía les sugirió a los vecinos que regresen a su lugar de origen porque las intenciones de los mineros hacia ellos eran muy graves. Finalmente decidieron regresar bajo custodia policial y con el grujido del león cerca. La gobernadora Lucia Corpacci se refirió al tema con una liviandad enorme prometiendo que la renta minera ‘esta vez si llegará al pueblo’.
Corpacci habla en otro idioma. El pueblo no persigue un interés económico, el pueblo defiende su soberanía, su salud y su medio ambiente. Y en respuesta a esto, el Estado quien se supone debería garantizar el derecho de los ciudadanos, aplica las peores prácticas de la Argentina del pasado. La más grave es que en los ’70 quien ejercía el poder era un Gobierno de facto. Hoy, en la argentina el 2012, quienes ejercen el poder han sido electos con el voto popular. 

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!

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