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miércoles, 30 de mayo de 2012

El gobierno catamarqueño querelló a cincuenta manifestantes antimineros

La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci (FPV) ordenó al fiscal de Estado que se constituyera como querellante en la causa judicial iniciada en la ciudad de Tinogasta, contra 50 personas.

Todas ellas fueron individualizadas como responsables de los cortes de ruta que se hicieron desde el mes de febrero, para impedir el paso de camiones que llevaban insumos a las empresas mineras.
La presentación la realizó el fiscal de Estado, Marcos Denett, quien aseguró que recibió instrucciones de Corpacci para querellar a los manifestantes antimineros . La decisión del gobierno provincial se produce en medio de una controversia originada con las autoridades judiciales de la circunscripción de Tinogasta. Desde ese departamento, la fiscal en lo Penal, Silvia Álvarez, había declarado que la responsabilidad para impedir los bloqueos en las rutas nacionales que realizan los grupos antimineros es del gobierno y no de la Justicia, que tiene que intervenir cuando el delito ya se produjo.
"La prevención es una facultad de la Policía y por lo tanto, del Gobierno", subrayó la fiscal.
En el ejecutivo catamarqueño esas expresiones no cayeron bien. Pero originaron, casi en forma inmediata, la determinación de presentarse como querellante en los expedientes abiertos para investigar la responsabilidad de los ambientalistas en los cortes que hicieron en las rutas de Tinogasta.
"Vamos a querellarlos uno por uno", expresó el fiscal en alusión a las personas que fueron identificadas como participantes de la protesta.
Ser querellante en la causa le permitirá a los abogados de la Fiscalía de Estado seguir de cerca la investigación y presentar pruebas, pero también -como consecuencia colateral- observar la tarea de la fiscal Álvarez.
Hacia ella apuntó Denett también, al declarar que se le exigirá a la Justicia "que se haga cargo de las responsabilidades que le correspondan".
La tensión entre los grupos ambientalistas, el Gobierno y la Justicia se hace cada vez fuerte y todo parece indicar que es muy difícil encontrar un punto de acuerdo. Los manifestantes encontraron un modo de hacerse notar ante la opinión pública: se instalaron en la ruta Nacional Nº 60 en Tinogasta, a cientos de kilómetros del yacimiento de Bajo La Alumbrera pero en la ruta de paso de los camiones que llevan insumos a la mina desde Chile, por el paso de San Francisco a través de la cordillera de Los Andes.

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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