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martes, 31 de julio de 2012

LEY DE GLACIARES: POLÉMICA EN ANDALGALÁ POR LA APLICACIÓN DE LA LEY




Fuentes gubernamentales desestimaron el pedido de aplicación de la ley de protección de glaciares en la provincia, realizada días atrás por organizaciones sociales en el Concejo Deliberante de Andalgalá.
Según la opinión oficial, los yacimientos de Agua Rica y Bajo La Alumbrera se encuentran alejados de la zona glaciar- Nevado de Aconquija-, por la que reclaman ambientalistas.
Desde áreas técnicas del Gobierno se informó que la ley de glaciares no prohíbe la utilización del agua en la zona de los glaciares, sino que no se produzcan explotaciones que no sean sustentables en esas zonas. “Si la mina está en un lugar donde no hay peri glaciar ni glaciar, no hay afección”, explicó un técnico del Gobierno.
En ese sentido, aseguran que en el caso de que la mina estuviera en el Aconquija no se podría desarrollar la actividad minera, de lo contrario no está prohibida la utilización del agua de los glaciares.
En la presentación realizada por organizaciones sociales en conjunto con comunidades originarias solicitan que, al igual que lo dispuesto por la Justicia de La Rioja, que ordenó suspender el convenio entre el Gobierno de esa provincia y la corporación mega-minera Osisko, hasta que se cumpla con la Ley de Glaciares, en Catamarca se respete lo dispuesto por la Corte de Justicia de la Nación. Y se solicite la paralización de todo trabajo de mina que actualmente se desarrolle en los yacimientos mineros en el área circundante al Nevado del Aconquija.
Sin embargo, desde el Gobierno se aclaró que la situación de ambas provincias es diferente, ya que en La Rioja, la mina en cuestión está ubicada debajo de un glaciar, mientras que en Catamarca, las exploraciones se realizan en yacimientos que están alejados del Nevado de Aconquija.
Explican que hay que establecer una diferencia entre proteger los glaciares, y que la protección implique la prohibición de la actividad minera. Únicamente se puede impedir, según la normativa, cuando la actividad minera se desarrolla en el glaciar.
La última disposición de la Corte de Justicia de La Nación se dictó tras una controversia por la aplicación de normativas provinciales y la ley nacional. Hace 30 días la Corte determinó que la ley que se tiene que aplicar es la nacional, y de allí el fallo que prohibió la actividad en Famatina.
El Gobierno considera que si las agrupaciones que realizaron las presentaciones consideran que la zona es de glaciares, y que la actividad minera lesiona los intereses protegidos por la ley, es correcto que soliciten la aplicación de normativa nacional, para que se determine un inventario de glaciares en el departamento.

viernes, 27 de julio de 2012

PROYECTO RÍO COLORADO: URANIO, COBRE Y PLATA

El Proyecto Río Colorado se ubica en la región de Tinogasta de las provincias de Catamarca y La Rioja. El proyecto abarca una superficie de 762 km2 y alberga afloramientos mineralizados de uranio, cobre y plata en sedimentos del tipo Red-Bed detectados y explorados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en las décadas de 1950 y 1960.

A través de Jackson Global Limited, filial local 100% de su propiedad, Cauldron Energy (nuestra compañía madre) firmó un acuerdo exclusivo de opción con un particular (Dr. Horacio Solís), que le permite obtener el 92,5 % de participación en 230km2 del proyecto uranífero Río Colorado en Argentina. Los 532km2 restantes están bajo la titularidad de Jackson Gloabl Limited. Ambas áreas forman el Proyecto Río Colorado.

Cauldron obtendrá su participación inicial en el proyecto (51%) mediante la ejecución de un programa de trabajo mínimo que incluye 3.000 metros de perforación.

La compañía puede obtener el 92,5% del proyecto mediante la inversión de $500,000 en tareas de exploración dentro de los tres años posteriores a la obtención de su participación inicial.

Aspectos relevantes del proyecto:

• Zona de 16 km con afloramientos intermitentes de sedimentos mineralizados con mapeos y muestreos superficiales que indican espesores de 10 a 20 metros en una misma zona.

• Los sedimentos muestreados indican zonas mejores, de 300 a 3.000 ppm U3O8 con espesores de hasta 10,7 metros. Las anomalías de fondo adyacentes a estas zonas de alta ley alcanzan un promedio de 90 ppm U3O8.

• Los muestreos de due diligence realizados por Jackson arrojan resultados de hasta 2.451 ppm U3O8 (5.4 lbs/t U3O8) que confirman los muesreos a granel selectivos con valores de 2.900 ppm U3O8 documentados por la CNEA.

• La mineralización de cobre y plata tiene una distribución especial similar a la del uranio, pero está focalizada en zonas paralelas de estratos más angostos. En muestreos recientes se ha detectado mineralización de cobre con espesores que alcanzan aproximadamente tres metros. Sin embargo, la mineralización de cobre detectada, en su mayoría, está comprendida dentro de horizontes de menos de un metro de potencia. Los ensayos de hasta 3,73% de cobre y 17 libras de plata para estas zonas indican una mejor mineralización muestreada a la fecha.

• Las anomalías radiométricas no testeadas en sedimentos fluviales recientes no consolidados, derivados en parte del entorno mineralizado de roca dura descripto anteriormente, permiten explorar en busca de depósitos uraníferos del tipo Roll-front. No se han realizado tareas de exploración en busca de mineralización uranífera de este estilo en la región.

• Las anomalías radiométricas no testeadas en basamentos meta-sedimentarios y graníticos muestran un setting geológico similar al depósito uranífero Las Termas de la CNEA (0,1-9,2 % U3O8 según informes) ubicado a 50 kilómetros sobre rumbo geológico hacia el norte.








http://www.jacksonglobal.com.ar/proy_rio.php

MINERA ALUMBRERA EXPLORA EN AGUA RICA

Minera Alumbrera (Xstrata Copper) invertirá US$ 45.000.000 en exploración del proyecto Agua Rica (cobre y molibdeno), en Catamarca, que se perfila hacia 2017, cuando se agoten las reservas del cobre, molibdeno y oro del Bajo la Alumbrera que explota desde 1997. "La calidad del mineral baja a medida que el yacimiento va madurando, por eso buscamos dar continuidad a la actividad que d integrando a Agua Rica, para lo que ya iniciamos tareas de exploración y muestreo", aseguró el vicepresidente de Xstrata Copper, Julian Rooney. En 2011, Xstrata Copper y Goldcorp acordaron con Yamana Goldla opción exclusiva para Alumbrera del 100% de Agua Rica.

http://www.miningclub.com/nota/2314

LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS EN CERRO NEGRO


Catamarca ‘Minera-lizada’: la represión como ‘política de Estado’ y la rearticulación de un nuevo régimen de violencia colonial.
Horacio Machado Aráoz (Colectivo Sumaj Kawsay – Asanoa Catamarca – UAC – Universidad Nacional de Catamarca)

“La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el ‘estado de excepción’ en el que vivimos”. (Walter Benjamin, “Conceptos de Filosofía de la Historia”, 1959)
A apenas siete meses de su asunción, las esperanzas de distinto tenor que el nuevo gobierno ‘justicialista’ en la Provincia había despertado sobre un anhelado cambio en la política minera han sido completamente aniquiladas.  Por la fuerza de los hechos, aquellas expectativas dan la impresión de ser parte ya de un pasado remoto; hasta parecen nunca haber traspasado las fronteras de la pura ficción política. Es que, en lugar del diálogo con los movimientos sociales y de las promesas de “no permitir el saqueo”, el gobierno de la médica Lucía Corpacci se muestra empeñada en sostener a rajatabla el modelo de minería transnacional a gran escala. Así, lleva el triste récord de seis represiones en tan sólo siete meses. Aceleradamente, la nueva gestión trocó las ilusiones en frustraciones. Y no sólo eso: parece decidida a consolidar un implacable régimen de autoritarismo e intolerancia represiva en la materia.
Como no puede ser de otro modo, la persistencia en el mismo rumbo provoca la  generalización e intensificación de la violencia. Más allá de todas las ‘condenas’ hipócritas o ya directamente cínicas a la ‘violencia’, más allá de declaraciones ‘políticamente correctas’ de funcionarios y medios masivos de comunicación haciendo llamados vacíos al ‘diálogo’, los canales de la resolución democrática del conflicto son minados desde el poder, toda vez que parten de la descalificación absoluta a los interlocutores ‘ambientalistas’ y del presupuesto intransigente e innegociable de que la minería se hace ‘sí o sí’. En ese marco, la violencia se encarna como un rasgo estructural de nuestra sociedad local; una sociedad -hay que admitirlo- sometida a un brutal colonialismo histórico que, por supuesto, no es reciente.
En sus reflexiones sobre el fenómeno (“Los condenados de la Tierra”, 1961), hace unos cincuenta años atrás, Franz Fanon advertía  que la violencia impregna característicamente los entornos coloniales. Tal como lo estamos viendo y sufriendo en nuestra Catamarca y en Nuestra América toda, la violencia se vuelve un elemento endémico de las sociedades sometidas a coloniaje; afecta a todos los sujetos y a todas las dimensiones de la vidaPero no hay que perder de vista quiénes son, en realidad, los auténticos productores de esa violencia. Es que violento no es cualquiera, ni que se lo proponga. La violencia originaria sólo surge de y desde el lugar del poder. Los violentos de verdad no son ‘los que quieren’, sino los que pueden serlo; es decir, los que tienen el control sobre los recursos y medios de violencia; la capacidad objetiva y estructural para ejercerla.
Tal el caso de las nuevas autoridades del gobierno provincial. A ellas, y a sus aliados desde las estructuras del poder fáctico (las corporaciones mineras y las fracciones de la burguesía local subordinadas, la jerarquía eclesiástica y la dirigencia ‘intelectual’ institucionalizada y los dueños locales del poder mediático), les cabe la responsabilidad originaria sobre esta escalada de violencia manifiesta que se viene instalando como ‘rutina’ en la cotidianeidad de la vida de los habitantes de estas tierras.
A no dudar, la responsabilidad central recae sobre las autoridades electas del Ejecutivo provincial. Es que de allí nace –con todo el respaldo del gobierno nacional- la decisión política fundamental de sostener a toda costa el ‘modelo minero’. Y esto, de por sí, intensifica la conflictividad estructural. Tal como puede verse  en todo paisaje sujeto a este tipo de explotaciones, como se reproduce miméticamente en otras geografías locales de nuestra América Latina (en Espinar, en Cajamarca, ahora en Perú; en San Luis Potosí en México; en Cotacachi, la cordillera del Cóndor y la provincia de Azuay, en Ecuador; en el Valle de Siria y el Copán, en Honduras; en la región de San Marcos, Guatemala, y El Dorado, en El Salvador), la porfiada insistencia de los gobiernos en avalar la minería transnacional a gran escala, conduce, tarde o temprano, a los mismos escenarios de represión manifiesta, violación sistemática de derechos humanos, secuestro literal de las aspiraciones democráticas y de los más elementales componentes del Estado de Derecho.
Al insistir en el mismo rumbo de extractivismo neocolonial, el nuevo gobierno de Catamarca parece decidido a extremar, como política, la depredación de derechos. Hay sí, en este nivel, un peligroso cambio en las estrategias y tácticas de la política represiva. En pos de aplastar la resistencia social a la minería transnacional, el gobierno provincial ha venido desarrollando un proceso de intensificación y diversificación de la violencia que ha terminado desembocando en la conformación de un nuevo régimen represivo.

Elementos del nuevo estado represivo
Contraviniendo ‘ilusiones’ de propios y extraños, el kirchnerismo catamarqueño asumió como eje de su gobierno la defensa de los intereses de la minería transnacional implantada en los ’90, en tiempos de  de neoliberalismo furioso. Una vez en el poder, abandonó impúdicamente las oportunistas críticas que desde la oposición profería a los entonces regentes del Frente Cívico y Social. Pero no sólo eso. En poco tiempo terminó por diseñar y plasmar en  los hechos un nuevo formato represivo para afrontar la resistencia social que, al cabo de quince años de trágica experiencia de Minera Alumbrera, se fue gestando tanto en el interior de la provincia como en el resto del territorio nacional amenazado por el mismo flagelo.
Sin siquiera haber intentado avanzar en la construcción de una estrategia de diálogo, tal como lo había prometido en su campaña pre-electoral, el gobierno de Lucía Corpacci enfrentó como a sus principales enemigos a los colectivos de vecinos movilizados en contra de las explotaciones mineras. Ante las primeras manifestaciones de protesta, el gobierno provincial fue ensayando distintas medidas, entre propagandísticas, disuasorias y lisa y llanamente represivas, que terminaron de plasmarse en lo que ahora asoma como un nuevo régimen gubernamental minero. Hoy, a siete meses de ‘gestión minera’, los rasgos constitutivos de ese nuevo régimen están a la vista. Hagamos un repaso muy esquemático de los elementos y momentos de este proceso.

-  Primero. El pacto gubernamental-corporativo. Se completa y perfecciona el proceso de colonización del aparato estatal por parte de los intereses minero-corporativos. El nombramiento de un histórico empleado de staff de Minera Alumbrera al frente de la secretaría provincial de minería y la tan promocionada creación de una nueva empresa estatal minera sellan simbólicamente este nuevo momento de la gobernanza colonial.
El gobierno procura un pacto con las transnacionales mineras por el que el asume la tarea sucia de garantizar a toda costa la viabilidad de las explotaciones a cambio –otra vez- de casi nada: unos pocos ‘nuevos’ puestos de trabajo ‘locales’, la renovación del improbable compromiso empresarial de incrementar sus compras ‘locales’ y ‘alentar’ el ‘desarrollo de proveedores locales’, más la promesa de engrosar los recursos del ítem de ‘responsabilidad social empresaria’ de sus costos operativos. Tras ‘reclamos’ entre infantiles e ingenuos, tales como ‘que las mineras abran sus oficinas en la provincia, contraten abogados y contadores catamarqueños, aumenten la mano de obra local’, etc., el gobierno provincial ha buscado presentarse a la sociedad como ‘más exigente’ frente a las mineras a fin de, en contrapartida, legitimar su apoyo oficial a la actividad.
Las ‘exigencias’ que el gobierno plantea a las mineras implican, en realidad, un acta de capitulación frente a los intereses ya consolidados de las corporaciones. Pues, de hecho, suponen el renunciamiento del gobierno de la provincia, no digamos ya a modificar la matriz de esta economía de enclave, sino hasta de buscar reducir la vergonzosa ecuación fiscal y de reparto de costos y ganancias impuesta por el régimen ‘legal’ minero de los ’90. Muchos de los principales referentes del actual oficialismo, que en tiempos de ‘oposición’ presentaron proyectos de leyes reclamando la des-adhesión de la provincia a la Ley de Promoción de Inversiones Mineras (Ley N° 24.196) y sus correlativas, modificación del régimen de regalías, hoy se asumen como resignados defensores de las ‘reglas de juego’ instaladas en tiempos de vorágine neoliberal. Así, la aspiración más ambiciosa del gobierno en la materia se restringe a incrementar la tajada de la renta minera a través de la creación de una empresa estatal, dirigida supuestamente a asegurar que la Provincia participe de un porcentaje de las utilidades empresariales, un esquema ya aplicado en el caso de Alumbrera a través de YMAD.
Lo que podemos esperar de este ‘gran cambio’ es, en realidad, bastante gris-oscuro: a contrapartida de un ‘incremento’ en la porción de la renta minera por parte del Estado provincial (que puede traducirse en ‘obras’, en aumento de la corrupción, el clientelismo y/o el enriquecimiento de los contratistas del Estado), se consolida la asociación estratégica entre los ocupantes del aparato estatal y las transnacionales, que –por el control tecnológico, financiero y comercial que ejercen sobre el ‘negocio minero’- se afianzan como el protagonista central y excluyente de los procesos económicos –y por ende, políticos y culturales- de la Provincia en general.
Avanzados en este modelo de ‘asociación estratégica’, ir contra las empresas mineras, será ir contra los intereses mismos del ‘Estado provincial’. Tal como se viene perfilando ya de hace tiempo en la retórica gubernamental, la minería (es decir, los intereses de las grandes corporaciones mineras) se instituyen como ‘oficialidad’; una ‘política de Estado’ que se pretende y se presume por encima de todo cuestionamiento de la ciudadanía, al margen mismo de la voluntad popular.
-  Segundo: el aparato de propaganda minera. Otro elemento fundamental a través del cual el nuevo gobierno avanza en la conformación del nuevo régimen minero tiene que ver con los intentos de apropiación monopólica del espacio semiótico de lo público y su instalación de la ‘minería’ como rasgo y símbolo central de la ‘identidad catamarqueña’. Si bien esto es parte de un ‘esfuerzo’ que se inició ya con el gobierno anterior del Frente Cívico, el cambio en la intensidad y la masividad de las ‘campañas de comunicación’ impulsadas por la nueva gestión dan cuenta de un salto cualitativo en la materia.
Asistimos en los últimos meses a una intensa arremetida propagandística dirigida a instalar la sensación política de la incuestionabilidad del ‘modelo minero’. Emulando en lo grotesco las prácticas del trágicamente célebre ministro de Educación Popular y Propaganda del régimen nazi, y pionero moderno de la guerra ideológica, el nuevo gobierno provincial han puesto un denodado esfuerzo en montar un aparato goebbelsiano de ‘apoyo a la minería’.
Con la decidida colaboración estratégica de las empresas ‘periodísticas’ locales (de las que nos ocupamos más adelante) el gobierno ha erosionado gravemente las condiciones de posibilidad del debate político, adoptando monolíticamente la propaganda como único recurso y modalidad comunicacional[1]. La propaganda desplaza y reprime el debate. Instala una base de violencia simbólica en todo proceso comunicacional que suprime cualquier posibilidad de diálogo. Ante la propaganda, no hay lugar para la argumentación.  Y en tal dirección ha avanzado este gobierno: ha procurado imponer a sangre y fuego del sello ‘Catamarca minera’ por todos los medios; generando un clima de asfixia y hasta de persecución ideológica. No ha escatimado recursos ni se ha detenido por ningún tipo de ‘pruritos’ éticos. El aparato propagandístico montado en la reciente Fiesta Nacional del Poncho es una muestra ejemplar del nivel de violencia simbólica ejercido, en este sentido, desde el discurso oficial. Una radio permanente, los stands oficiales y la folletería con la acostumbrada estética de ostentación, todos, con un mensaje monolítico que se repite hasta el hartazgo: “Catamarca Minera”. Y al nuevo  eslogan ‘identitario’, como haciendo una profesión de fe ideológica, se sumaban los latiguillos ya archi-conocidos: “Minería participativa, transparente y sustentable”, podía leerse en carteles y folletos… Como diría Eduardo Galeano, “dime de qué alardeas y te diré de qué careces”
La afirmación del absurdo, la aseveración de lo propiamente ilógico, parecen recursos característicos de una modalidad propagandística directamente enfocada a instalar un régimen de dogma… No hay allí lugar para el debate, el disenso, ni la comunicación democrática; no hay posibilidad de argumentación, ni ya de enunciación de las opiniones en contrario. Lo diferente es, a priori e ipso facto, descalificado. Tal, el modus operandi y la lógica de la propaganda como comunicación política; tal, el efecto de la violencia simbólica: la instalación de un escenario semiótico radicalmente autocrático e intolerante que constituye la antesala legitimatoria de toda práctica represiva posterior.
-    Tercero. El poder de fuego mediático. Otro de los elementos claves que convergen en la intensificación del entorno autoritario emergente es el papel que vienen desempeñando los que detentan el cuasi-monopolio local de la comunicación masiva. Se trata de uno de los lugares de poder clave vienen ejerciendo una forma de violencia sutil y pretendidamente desapercibida, a través de su ‘cobertura’ de la conflictividad social en torno a las mega-explotaciones de la minería transnacional. Las empresas periodísticas locales  se han constituido, hoy por hoy, en un medio de producción de violencia simbólica que ha venido a desempeñar un papel cada vez más preponderante en la constitución del nuevo régimen minero.
En sus crónicas y en sus líneas editoriales en general, los principales diarios y radios comerciales de Catamarca vienen ejerciendo sistemática y crecientemente un inusitado nivel de violencia que exacerba los más profundos reflejos de autoritarismo e intolerancia, propios de una sociedad de exclusiones y desigualdades históricas extremas, como la nuestra.
Desde el aparente lugar de la ‘neutralidad’ y la ‘objetividad’, recurriendo a la trampa ideológica de colocarse ‘fuera de la escena’, apropiándose espuriamente del ‘interés general’ para hablar ‘en nombre de todos’, ocultando los indisimulables vínculos materiales y simbólicos que los atan a los otros nodos del poder (gobierno y corporaciones), las empresas periodísticas locales vienen disparando indiscriminadamente su artillería pesada con municiones de guerra contra la resistencia socioambiental a la minería transnacional, en nuestra provincia, en  la región y en el país en general. De modo cada vez más desfachatado vienen manipulando y tergiversando recurrentemente los hechos, fabricando con sus versiones una ‘realidad’ a imagen y semejanza de sus intereses y posiciones ideológicas.
Creyéndose o sabiéndose virtualmente impunes (¿cómo refutar masivamente sus aseveraciones?), estos mercaderes de la ‘información pública’ vienen apelando inescrupulosa y sistemáticamente a las falacias argumentales más burdas y a la directa distorsión y falseamiento de los hechos, a tal punto que exceden ya lo grotesco. Con su activa y deliberada intervención vienen contribuyendo notablemente a la instalación y legitimación de un clima societal de autoritarismo, represión e intolerancia política que no sólo socava las condiciones básicas de un ‘estado democrático’, sino ya las garantías y derechos elementales de un ‘estado de derecho’.
Los contenidos y estilos adoptados en la ‘cobertura’ de la última acción de protesta en Cerro Negro y del violento desalojo realizado por fuerzas policiales y parapoliciales el pasado viernes 13, no han sido una excepción a la regla, sino más bien su exacerbación. La vinculación de los principales medios comerciales con la política represiva del Estado excede ya el nivel de la complicidad y pasa a constituirse en un agente promotor clave de tales políticas. La alianza económica e ideológica que conforma la comunión de intereses entre el Estado, las corporaciones mineras y sus súbditos, y los grandes medios locales conforma la estructura institucional operativa del nuevo régimen minero instalado como gobierno de facto que ejerce el poder sobre nuestro territorio y nuestra población. Bajo este inédito régimen neocolonial no hay lugar ya para el ejercicio de derechos, ni para la Ley, ni para la Verdad. Lo burdo y lo grotesco se instalan como estética del coloniaje mediático… En defensa de una empresa de origen suizo, que tiene domicilio legal en las Islas Caimán, que exporta todo nuestros minerales, nuestra agua y nuestra energía para subsidiar la industrialización voraz de China, practica un chauvisnismo localista ridículo, ‘acusando’ de ‘foráneos’ a vecina/s de otras provincias, igualmente afectados por el mismo flagelo extractivista, ya minero, ya sojero, como si la Constitución Nacional no fuera una sola, válida para todo el territorio nacional; como si Minera Alumbrera sólo tuviera su teatro de operaciones en la provincia de Catamarca y su pluma contaminante no se extendiera a otras provincias; como si el hecho de haber nacido en otra provincia o el hecho de movilizarse en defensa de nuestra Madre Tierra fueran ahora peligrosas tipologías delictivas del Código Penal… Con una aridez argumental desopilante, las empresas periodísticas locales ejercen igualmente su poder de fuego azuzando la violencia; instigando a la represión… Y hay que preguntarse si como sociedad nos merecemos esto… ¿Hay derecho a tanta impune violencia? ¿Hay derecho a tanto maltrato y a tan brutal subestimación de la cultura política de nuestra sociedad?
-     Cuarto: sin división de poderes, todos unidos en la represión y la criminalización. El recurso a la violencia que ha hecho este gobierno como forma de imponer la identidad minera, por supuesto, no se restringe al campo de lo simbólico. Ha avanzado abierta y manifiestamente en la diversificación de las estrategias de la violencia represiva y material de los hechos y las armas.
En este campo ha avanzado a fuerza de ensayo y error. Primero, ha recurrido al uso burdo y tosco de la represión brutal y manifiesta; tal los casos de los violentos desalojos de los bloqueos selectivos en las rutas de acceso a Minera Alumbrera en las rutas nacionales de Santa María, Belén y Tinogasta, durante enero y febrero de este año. A los detenidos en Santa María, por parte de un fiscal que adujo aplicar la flamante ley anti-terrorista contra los manifestantes, se sumó la represión, persecución y detención del bloqueo selectivo en Belén, para culminar en la brutal intervención de la infantería provincial en el desalojo de la ruta N° 60 contra una masiva manifestación de resistencia del pueblo tinogasteño. Mujeres, niños, adultos mayores, hombres, todos los que buscaron seguir sosteniendo el bloqueo selectivo a los insumos mineros, fueron indiscriminadamente reprimidos con el recurso a bastonazos, balas de goma, gases lacrimógenos y la intervención de la ‘división canina’.
El despeje de las rutas a fuerza de violencia bruta ha sido, sin embargo, muy costoso para el gobierno, aún con todo el ‘apoyo moral’ de los medios masivos locales. Se hace insostenible el discurso oficial de presentarse como un “gobierno que no reprime la protesta social”. Los artilugios de disimular mediáticamente la represión, de eludir la responsabilidad política de la misma endilgándoselas cínicamente entre el poder ejecutivo y el poder judicial, se mostraron a todas luces insuficientes para cubrir los costos políticos de la brutalidad represiva.
Le siguió la intensificación de la ya aludida campaña propagandística. Se sumaron otras voces y otros ‘argumentos’. Desde el poder judicial, la presidenta del máximo tribunal de justicia de la provincia, Amelia Sesto de Leiva, disparó “la única solución para los ambientalistas es la Cárcel” (Diario El Ancasti, 1° de junio de 2012). Vale la pena reproducir sus declaraciones textuales pues, en su lapsus, expresan el absurdo jurídico y político de la medida: “Ustedes han visto por ejemplo por televisión que los ambientalistas en otras partes se prenden de las máquinas (...) se tiran al mar. Son gente que está dispuesta a exigir que se cumpla su derecho y bueno, a esa gente habrá que sacarla y llevarla a la cárcel” (Diario El Esquiú, 02 de junio de 2012). Sin comentarios…
En realidad, las declaraciones de Sesto de Leiva anticiparon la convicción y disposición de las propias autoridades de la Justicia para actuar e intervenir al margen de la ley si fuera necesario para impedir que las protestas obstaculicen las operaciones de las mineras. ¿Qué otra cosa significa que hay que llevar a la cárcel a “aquellos que están dispuestos a exigir que se cumpla su derecho”?. Y eso es lo que finalmente sucedió en los hechos pasados de Cerro Negro: la violación de los principios más elementales de un Estado de Derecho.
En el ‘pacífico’ desalojo de Cerro Negro, se cometieron atropellos gravísimos. La propia Justicia y las instituciones del Estado actuaron al margen de la Ley. La fiscal provincial de Tinogasta (Silvia Álvarez) extendiendo ilegalmente su injerencia en jurisdicción federal y sin mediar comisión de delito de alguno; la policía de la provincia procediendo a la literal usurpación y posterior deportación de un colectivo que trasladaba a 54 personas cuyo único ‘delito’ fue venir a solidarizarse con la medida de protesta decidida por las asambleas de Catamarca y de todo el país en el Acampe de Cerro Negro; interviniendo con la más absoluta arbitrariedad y abuso de poder, golpeando y amenazando a los que procuraron resistir semejante atropello y actuando aún como ‘fuerzas de seguridad’ en territorio jurisdiccional de otras provincias (La Rioja y Córdoba); más, la actuación ilegal de policías ‘de civil’ que engrosaron las filas de los ‘manifestantes pro-mineros’. Y por si todo esto fuera poco, la detención ilegal del ciudadano tinogasteño Pablo Romero por parte de efectivos de la Policía de la Provincia que se conducían sin sus uniformes reglamentarios y  en un automóvil con los vidrios polarizados y sin la correspondiente chapa patente identificatoria, a la más burda usanza de los ‘años de plomo’.
Efectivamente, como en tiempos de la dictadura, en Cerro Negro se procedió a la privación ilegítima de la libertad de personas, al secuestro y la detención arbitraria de ciudadanos, sin la previa eventual comisión de delitos; agentes y oficiales de justicia actuaron violando la propia normatividad constitucional, avasallaron competencias jurisdiccionales e incluso la división funcional de poderes. Se violentaron fundamentos básicos del Estado de Derecho. Todo, con el único fin de impedir el bloqueo temporal de los insumos a Minera Alumbrera.
Así, el poder minero no se contenta con haber colonizado el aparato administrativo del Estado, con haber instituido la legalidad del nuevo régimen de saqueo (Ley 24.196 y sus correlativas), sino que ahora incluso arremete contra la propia institucionalidad formal violando flagrantemente los principios más elementales del ordenamiento constitucional. Como en otros territorios de América Latina, el régimen minero se muestra manifiestamente incompatible con el Estado de Derecho y con el respeto de los Derechos Humanos.
-     Quinto: los nuevos grupos de tarea y la tercerización de la política represiva. Ante los hechos consumados de la violación del orden jurídico, desde el Estado se instala un clima de impunidad que se complementa con la ‘tercerización’ y el camuflaje ‘social’ de la  política represiva. Como se ensayó previamente en el desalojo de Belén y ante el bloqueo ‘pro-minero’ perpetrado en la ciudad de Andalgalá, en la semana en que se cumplían dos años de la violenta represión del 15 de febrero de 2010, desde el gobierno provincial y de ciertos gobiernos municipales se recurrió al reclutamiento de una fuerza de choque dirigida a instigar y amedrentar a los manifestantes en la ruta. En Cerro Negro se ha visto el recurso a esta estrategia en su máxima expresión: la formación de grupos para-estatales, autodenominados grupos por el ‘trabajo’, que contaron con todo el respaldo logístico y político de las autoridades provinciales y policiales para actuar con total impunidad, amenazando abiertamente a recurrir al uso de la fuerza para desplazar por sus propios medios a los manifestantes en contra de las explotaciones mineras.
Con esta irresponsable estrategia es que se apela al enfrentamiento directo entre fracciones de la población como medida para eludir el costo político de la política represiva del Estado. Demostrando la prácticamente inexistente raigambre de la minería transnacional en el tejido social local, para la formación de estos grupos, debieron recurrir a empleados municipales, policías vestidos de civil y grupos de barra-bravas de clubes de fútbol ‘importantes’ de provincias vecinas. El colmo del cinismo, es que la policía de la provincia ‘procede al desalojo’ de la/os asambleístas bajo el ‘argumento’ de hacerlo para resguardar la integridad física de los mismos, atentos a que de otro modo, no podrían garantizar evitar el ataque de los grupos ‘pro-mineros’.
Con el hostigamiento de la patota oficialista –que llegó a tirar piedras y bombas de estruendo al campamento de asambleístas- y la inminente intervención represiva de la guardia de infantería de la provincia y el Grupo Kuntur, la asamblea nacional de Cerro Negro decidió acatar el desalojo para evitar un desborde aún mayor de violencia, esta vez de consecuencias incalculables. Pero los acontecimientos no terminaron ahí: la policía de la provincia, como se dijo, secuestró literalmente el colectivo de manifestantes que vinieron en apoyo de distintos puntos del país para proceder a deportarlos por la fuerza del territorio provincial, impidiéndoles acampar y/o detenerse aún en territorio de la provincia de La Rioja y conduciéndolos hasta los límites con la provincia de Córdoba. ¿Con qué autoridad? ¿Bajo qué cobertura legal? ¿Qué tipología delictiva se supone que se aplicó, por cuál organismo de Justicia? Absolutamente ninguna. Puro abuso de poder. Usurpación y ejercicio de facto de la fuerza represiva del Estado al margen de la propia legalidad que pone en suspenso las garantías constitucionales y que deja a la ciudadanía en condiciones de indefensión jurídica. Cabe tomar nota de que, sin exagerar, éste es uno de los rasgos básicos de lo, en la ciencia política, que se conoce como ‘terrorismo de Estado’.
En definitiva, a través de los momentos y elementos señalados, desde la brutal represión al bloqueo selectivo en Tinogasta el 10 de febrero de 2012 al accionar de mafias para-estatales en Cerro Negro, el pasado 20 de julio, se puede constatar que el gobierno ha venido alimentando irresponsablemente una creciente escalada de violencia –de la material y la simbólica, de la manifiesta y la latente; de la institucional y de la extra-oficial- dirigida a arrancar de cuajo todo vestigio de resistencia y/o manifestación popular en contra del ‘modelo minero’, asumido como ‘política de Estado’. La instalación de un clima generalizado de (auto)censura, miedo social y/o de resignación parecieran ser los objetivos no declarados de esta nueva estrategia.
El nivel de expropiación al que como poblaciones de un territorio-objeto-de-saqueo nos vemos sometido es ya extremo: alcanza ya el más elemental plano de la institucionalidad formal y el de la legalidad. Lo que debería ser considerado como expresión de virtud cívica, necesaria en un estado democrático, (la activa participación ciudadana en la defensa de los intereses generales), se lo asimila lisa y llanamente a una figura delictiva. Hay, de hecho, un avance del derecho penal represivo sobre la órbita de los derechos humanos básicos. Los ciudadanos (independientemente de la jurisdicción provincial en la que nacieron, todos igualmente sometidos a los dictados generales de la Constitución Nacional) son considerados y tratados como delincuentes por el solo hecho de manifestarse, aún haciéndolo pacíficamente y en el más estricto respeto por la legalidad.
Así, esta escalada de violencia está desembocando, de hecho, en una profunda y grave metamorfosis del propio régimen de gobierno. Venimos asistiendo a la progresiva configuración e imposición de un nuevo régimen gubernamental de facto. Hay una nueva configuración de poder que rige en el territorio provincial, estructurada a partir de la articulación funcional y operativa de autoridades electas y poderes fácticos, que se impone por encima del ordenamiento jurídico constitucional, disolviendo garantías y derechos básicos, licuando la división de poderes y de competencias jurisdiccionales,  y que se sirve discrecionalmente de las instituciones y funciones del Estado con la única finalidad de viabilizar las operaciones de las grandes empresas mineras que actúan en la Provincia.
Desde su asunción a esta parte, llegando a los acontecimientos recientes de Cerro Negro, la actual administración kirchnerista de la Provincia está llevando la furia extractivista demasiado lejos. Está minando las bases elementales del Estado de Derecho. Y parece no tener ningún tipo de escrúpulos con el fin de impulsar y usufructuar como socios subordinados una nueva etapa de saqueo minero transnacional. La seguridad jurídica garantizada a las empresas, se traduce en una literal licencia para depredar derechos; un estado de impunidad que se traduce en la precarización y vulneración de los derechos de los pobladores. Los hechos consumados señalan que estamos ante la un escenario de peligrosa fragilidad de las garantías constitucionales y donde, desde las más altas esferas de gobierno, se viene imponiendo un régimen de autoritarismo, represión  y persecución ideológico-política que es inédito en tiempos de ‘democracia’.
La complicidad manifiesta de los medios de (des)información pública, la inercia rutinaria de atropellos que llevan a la resignación primero y al acostumbramiento después, no deberían ser suficientes para anestesiar los nervios políticos de nuestras aspiraciones democráticas. Lo que ha acontecido en Cerro Negro ha sido grave. Demasiado grave como para ‘dejarlo pasar’ y ‘mirar para otro lado’. No podemos dejar de tomar conciencia sobre ello; ni podemos permitir que se siga avanzando en este rumbo. Pues la pasividad, la falta de reacción ciudadana, ya sea por temor, por resignación, por ‘cansancio’, ‘comodidad’, o por conveniencia, nos convierte literalmente cómplices del curso de los acontecimientos. Y los gerentes del poder, y sus lacayos mandamases locales, están buscando justamente eso; están reclutando cómplices… Sólo extendiendo la membresía de complicidades, lo intolerable puede tornarse ‘norma’…


[1] Hablamos de ‘propaganda’ en su estricto sentido técnico: una modalidad de comunicación y estrategia discursiva explícita y deliberadamente construida y orientada a influir en la actitud y la percepción de la comunidad hacia algo, para cuyo fin no escatima en recurrir a un discurso monológico y repetitivo, parcial, sesgado y hasta falaz. Al contrario de la comunicación dialógica, la propaganda es una forma intencional y sistemática de persuasión ideológica que nada tiene que ver con el diálogo y la comunicación política que se supone en la base de toda construcción democrática.

jueves, 26 de julio de 2012

OTRA VEZ CON EL VERSO DEL BENEFICIO ECONOMICO DE LA MEGAMINERIA


Propuesta para elevar la renta minera provincial

Propuesta para elevar la renta minera provincial

De la Cámara Minera de Catamarca.
Miércoles, 25 de Julio de 2012
Desde hace un año venimos asistiendo a distintas manifestaciones por parte de funcionarios, medios de comunicación y ciertos sectores de la sociedad respecto a la necesidad de incrementar la renta minera provincial es decir, los ingresos financieros provenientes del sector minero.
Si bien la coyuntura se presentaría como favorable para discutir dicha temática dado los precios elevados de ciertos minerales, no es menos cierto que se han producido importantes incrementos en los costos de producción y construcción de los proyectos mineros y que la competencia con otros países mineros (Chile, Perú, Brasil, Colombia) y con otras provincias mineras (San Juan, Santa Cruz, Salta) nos puede dejar fuera de carrera.
La Cámara Minera de Catamarca-CMC-comprometida con el desarrollo del sector minero y de la provincia, presenta un conjunto de ideas concretas orientadas a incrementar la renta minera provincial teniendo en cuenta las características particulares del sector, la sensibilidad de los inversores ante los cambios en las reglas de juego y el marco de competencia regional y nacional en el que se desenvuelve el sector.
En tal sentido, rescatamos algunas medidas tomadas en la provincia de San Juan respecto a las regalías mineras y los fideicomisos y planteamos otras que tienen que ver con las particularidades del sector minero provincial como: la necesidad de apoyar a las empresas de capitales locales, la concreción del proyecto Agua Rica, la discusión con YMAD respecto a la distribución de las utilidades que provienen del proyecto Alumbrera y la licitación de las áreas con potencial hidrocarburífero.
Proponemos además que en el ámbito de la OFEMI se instale la discusión respecto a la distribución de los impuestos que aporta la industria minera, dada la baja participación de las provincias productoras en la recaudación directa de los tributos. El Estado Nacional a través de los derechos de exportación (retenciones) y del impuesto a las ganancias se apropia de modo primario de más del 80% de la recaudación. Perú introdujo modificaciones al respecto decidiendo que el 50% del impuesto a la renta vaya directamente a las regiones mineras.
Pero básicamente creemos que para incrementar la renta minera provincial debemos agrandar al sector y esto pasa principalmente por la consolidación del empresariado minero local, la concreción del proyecto Agua Rica, lograr que las utilidades no distribuidas de YMAD se inviertan en la provincia y la captación de un mayor número de empresas mineras de exploración con el objetivo de descubrir y desarrollar nuevos proyectos.
APOYO Y PROMOCIÓN A LAS EMPRESAS MINERAS LOCALES
El apoyo y promoción a las empresas mineras locales, se presenta como una de las opciones más genuinas para incrementar la renta minera provincial a mediano y largo plazo.
Catamarca presenta una característica atípica al ser una provincia minera sin empresarios (pocos) locales vinculados al sector.
Es difícil imaginarnos provincias como Mendoza o San Juan sin empresarios locales vinculados a la actividad vitivinícola o Tucumán sin empresarios locales vinculados a la caña de azúcar o Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe sin productores relacionados con la actividad agropecuaria.
Por ello, entendemos que se presenta como prioritario el apoyo a los empresarios locales (pymes) que deseen invertir en el sector minero ya sea en el desarrollo de proyectos mineros metalíferos preferentemente en la etapa de prospección (dado la característica de la inversión minera de alto riesgo y elevados montos de inversión), en la exploración y explotación de minerales no metalíferos como canteras de cal, laja, áridos etc. y a las empresas proveedoras de bienes y servicios mineros.
Proponemos entonces, que de acuerdo al espíritu del Código de Minería y en el marco de la legislación vigente, los empresarios locales vinculados a la actividad minera tengan un trato preferencial de parte de las autoridades y se implementen acciones de apoyo (financieras y otras) con el objetivo de incrementar sustancialmente el número de empresarios mineros locales.
LOGRAR QUE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE YMAD SE INVIERTAN EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA
De acuerdo al contrato de UTE firmado en el año 1994 entre YMAD y Minera Alumbrera, el 20% de las utilidades generadas por el proyecto Bajo La Alumbrera le corresponden a YMAD. Dichas utilidades se están percibiendo desde el año 2006 y en caso que las mismas se distribuyan total o parcialmente entre los dueños de YMAD, la misma se realiza de acuerdo a la Ley de creación de la empresa-60% para la provincia de Catamarca, 20% para la Universidad Nacional de Tucumán y 20% para el resto de la Universidades Nacionales-.
YMAD viene distribuyendo en promedio (2006/2011) un 53% de las utilidades entre los dueños de la empresa y el resto, una parte se invirtió en el proyecto Farallón Negro-Alto de la Blenda y la mayor parte en inversiones financieras nacionales. Lo correcto sería que las inversiones no distribuidas se inviertan en su totalidad en la provincia de Catamarca que es la socia mayoritaria y donde se ubica el yacimiento. Por ejemplo, en el desarrollo o adquisición de proyectos mineros como Cerro Atajo de la ex SOMICA, en la compra de un porcentaje del proyecto Agua Rica y en el desarrollo de proyectos de litio y potasio.
De los $3477 millones de utilidades que recibió YMAD en el período 2006/2011 se distribuyeron entre los dueños unos $1825 millones, de los $1652 millones restantes, una parte se reinvirtió en el complejo minero Farallón Negro –Alto de la Blenda (no se dispone información del monto invertido) y el resto, estimamos en $1300 millones, en inversiones financieras nacionales. Este es el dinero que tendría que reclamar la provincia a YMAD para que se invierta en la provincia.
Si la provincia quiere incrementar la renta minera provincial a corto plazo, debe afrontar esta situación de inmediato ya que al yacimiento le quedarían 6 años de vida útil.
Proponemos además, que la autoridades provinciales analicen la implementación del novedoso e importante instrumento de desarrollo provincial que se implementó con éxito en el último gobierno justicialista (1990), que consistió en la emisión de los títulos públicos OROCAT y en la emisión de las piezas alegóricas de oro y plata, con el objetivo de multiplicar los ingresos provenientes del sector minero (recursos no renovables) y volcarlos al financiamiento de proyectos productivos con recursos renovables.
LLEGAR A UN ACUERDO CON MINERA ALUMBRERA Y MINERA DEL ALTIPLANO PARA QUE PAGUEN EN CONCEPTO DE REGALÍAS MINERAS EL 3 % SOBRE LAS VENTAS EN VEZ DE BOCA MINA
Este esquema se está aplicando con éxito la provincia de San Juan desde mediados del año 2011, logrando que se simplifique el cálculo de las regalías mineras y que se incremente el monto percibido entre un 20%-25%. En la provincia pasarían de $166 millones a $207millones (año 2011).
IMPLEMENTACIÓN DE FIDEICOMISOS MINEROS PARA LOS NUEVOS PROYECTOS QUE ENTREN EN PRODUCCIÓN
Este esquema también fue aplicado con éxito en la provincia de San Juan, donde se cobra el 1,5 % de la facturación a los proyectos que entren en producción, para ser invertidos en obras de infraestructura básica para el desarrollo en las poblaciones aledañas a las minas. Ya se implementó en Pascua-Lama (Barrick), Gualcamayo (Yamana) y Casposo (Troy Resources).
Entendemos que este aspecto ya se habría incluido para el proyecto Agua Rica, al que debe incorporarse la negociación respecto a la futura utilización de las instalaciones de la mina Alumbrera que de acuerdo al contrato de UTE firmado en 1994, dichas instalaciones pasarían a propiedad de YMAD una vez finalizada la explotación de la mina.
INICIAR LA CONSTRUCCIÓN (2014) Y LA PUESTA EN MARCHA (2016) DEL PROYECTO AGUA RICA
Debemos tener en cuenta que competimos con el proyecto Pachón de la provincia de San Juan que también es de cobre y de propiedad de Xstrata. El gobierno de San Juan sigue atentamente el desarrollo del mismo ya que se piensa invertir unos u$s 4100 millones y la empresa acaba de anunciar la finalización del estudio de factibilidad para el año 2013 y el inicio de la construcción en el año 2014.
Para el caso de Agua Rica no hay fechas, aunque se especula que podría iniciarse la construcción en el año 2015 y la explotación en el año 2017 coincidiendo con la finalización del proyecto Alumbrera. La inversión del proyecto se redujo a unos u$s 1500 millones dado que se utilizarían las actuales instalaciones de la mina Alumbrera.
Sería aconsejable, dado que competimos con el proyecto Pachón de San Juan, que la construcción de Agua Rica no se demore más allá del año 2014 dado que la factibilidad del mismo estaría en el 2013.

LICITACIÓN DE LAS ÁREAS CON POTENCIAL HIDROCARBURÍFERO
Desde fines del año 2011 se encuentra finalizado en el ámbito de la Secretaría de Minería, todo el marco legal (Ley de Hidrocarburos y su reglamentación) y los aspectos técnicos (delimitación de las áreas con potenciales recursos hidrocarburíferos), para iniciar el proceso licitatorio en busca de inversores.
Las provincias de San Juan y La Rioja hace 3 años que han licitado sus áreas y ya están siendo exploradas.

Catamarca: cómo está integrada la patota que atacó a los asambleístas de Cerro Negro


Los asambleístas que protestaban contra la megaminería levantaron el acampe en Cerro Negro después de algunos enfrentamientos con la policía local. También fueron atacados por una patota compuesta por trabajadores de La Alumbrera, empleados municipales y barrabravas tucumanos. “Tienen todo el apoyo oficial, hasta les levantaron la basura”, señalan. Siguen los cortes en las rutas.  
Después de 11 días los asambleístas que se encontraban a la vera del cruce de la ruta nacional 40 y la provincial 60, en Cerro Negro, Catamarca, levantaron el campamento que habían montado para protestar contra la megaminería a cielo abierto. También decidieron interrumpir los cortes selectivos al tránsito para impedir la circulación de camiones con insumos para Minera Alumbrera aunque el mecanismo se está repitiendo esta tarde en Patquía, La Rioja.
De todas maneras, la situación no se resolvió sin violencia. Es que, según denunciaron los asambleístas, hubo una fuerte represión por parte de la policía catamarqueña con ayuda de la fuerza riojana. Pero el primer trabajo sucio lo hizo una “patota” supuestamente pagada por La Alumbrera pero que tiene cierto respaldo oficial.
Ayer, cerca de las 16 el jefe del operativo policial, un comisario de apellido Navarro, le anunció a los asambleistas que debían levantar el corte porque así lo señalaba la orden de desalojo emitida por la fiscal de Tinogasta Silvia Álvarez. En principio, los manifestantes se negaron porque la ruta 40 es nacional y Álvarez no tiene competencia federal.
Luego de algunos disturbios con la patota y el Kuntur, grupo de elite de la policía de Catamarca, en los que una asambleísta resultó herida, decidieron levantar el campamento.
Así, el grupo decidió trasladarse a San Blas de los Sauces, una pequeña localidad en territorio riojano. “Hubo bombas de estruendo, gritos, palazos. En la entrada de San Blas, la policía de Catamarca nos estaba esperando, nos desviaron al pueblo y hubo un enfrentamiento violento en jurisdicción de La Rioja”, le dijo Julieta, una de las asambleistas, a La Política Online.
Sumado a ese enfrentamiento, otro grupo decidió partir hacia Córdoba pero en el camino también fueron escoltados por la policía. De todos modos, algunos permanecen hoy en Patquía, al sur de La Rioja, donde los asambleístas están realizando otro corte selectivo.
“El micro iba prácticamente secuestrado y no se respetaron las libertades individuales, no los dejaron parar en ningún lado y siempre fueron acompañados por la policía y la patota”, denunció Julieta.
¿Quiénes componen la famosa “patota” bancada por La Alumbrera? Según señalan los asambleístas se trata de un grupo bastante heterogéneo. Por un lado, dentro de ese grupo habría empleados y trabajadores de la propia empresa. De hecho, en los primeros días del acampe ellos también se identificaban como “Catamarqueños por el Trabajo””.
Pero además también formarían parte de “la patota” trabajadores municipales de Belén, Tinogasta y Londres, todos municipios controlados por el kirchnerismo y que responden a la gobernadora Lucía Corpacci.
“Ellos se movían en vehículos oficiales. Todos estos días les estuvieron trayendo, agua, leña y alimentos con camionetas de las municipalidades y la Alumbrera. Además, todo el tiempo compartían sus cosas con la policía, lo que marca el nivel de respaldo oficial que tienen. Hasta les juntaron la basura”, señalan los asambleístas.
También la patota tendría un componente extraterritorial: parte de la barrabrava del club San Martín de Tucumán, que milita en el Argentino A, lo que indicaría cierta injerencia del gobernador tucumano José Alperovich.
Fuente: Lpo

Fiscal General de Tucumán toma intervención en desalojo de Cerro Negro


El Fiscal General de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cursó un oficio al Dr. Santos Edgardo Reinoso - Fiscal Federal de Catamarca- para pedirle informe acerca del enfoque bajo el que se estudia la intervención en rutas federales en atención a los derechos constitucionales y la normativa internacional de Derechos Humanos. Preocupa al fiscal Gómez los traslados compulsivos de manifestantes en el Caso Cerro Negro donde lisa y llanamente se expulsó de la provincia de Catamarca a un grupo de manifestantes que protestaba a la vera de las rutas nacionales 40 y 60.
San Miguel de Tucumán, 25 de julio de 2012.
Al
Sr. Fiscal Federal
De la Provincia de Catamarca
Dr. Santos Edgardo Reinoso
__________S/D___________
Oficio N° ________/12
Me dirijo a Ud. en el marco de los sucesos que son de público conocimiento y que ocurrieran en la localidad de Cerro Negro –Departamento de Tinogasta- de la provincia de Catamarca, en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, el día 20 próximo pasado.
En el lugar sindicado se habrían encontrado manifestantes que se pronunciaban en contra de la megaminería a cielo abierto. Según los medios de comunicación, estas personas tenían como objetivo informar a los que transitaban por dichas rutas sobre los efectos negativos de la explotación minera en la modalidad diseminada y vinculada a causas penales que tramitan en el ámbito de su Fiscalía. Ante esta situación, el puesto informativo habría sido levantado a causa de una supuesta orden de desalojo librada por la Dra. Silvia Álvarez, fiscal del fuero provincial, la que presuntamente se ejecuto a través de la fuerza policial de comarcana y fuerzas parapoliciales que responderían a intereses empresarios.
En este contexto, es preocupante la vulneración del derecho a libre transito y manifestación, además, de la supuesta incursión de un órgano judicial que carece de competencia para concretar medidas en el escenario factico.
La libertad de transito y manifestación esta contemplada en nuestra Carta Magna Nacional, en el artículo 14, en el que se deja expreso que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de entrar, permanecer y transitar y salir del territorio argentino, y publicar sus ideas. En concordancia y en virtud de art. 75 inciso 22, es imperativo citar, también, lo normado en los arts. I, IV y VIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; arts. 7 y 8 de la Convención Americana Derechos Humanos; y, el art. 9 apartado 1° del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos. La entidad de los hechos acaecidos, y la posible responsabilidad del Estado Nacional en el concierto y los tribunales internacionales ante la adopción de una postura violatoria de los derechos normativizados en la legislación citada hacen que extrememos los recaudos para resultar coherentes en nuestro accionar.
Si esto fuera asi, esto es conforme a los relatos periodísticos acompañados, llama la atención la intromisión de la fiscal provincial de una jurisdicción extraña, cuando los hechos se sucedieron en el ámbito territorial de rutas federales, que per se claramente demarcan la pertinencia a la esfera federal de la resolución de conflictos que se sucedieren y/o el impulso de la acción punitiva en caso de corresponder. Sin dudas, que el conflicto al darse una vía comunicación interjurisdiccional debe ser enmarcado en los presupuestos normativos contemplados en el art. 3 de la ley 48 y en el art. 33 del CPPN, y por lo tanto la situación conflictiva debe ventilarse ante el juez federal competente. La jurisprudencia, en este sentido, es coincidente al analizar los elementos del tipo en el caso de corte de ruta (art. 194 del CP), sin cuestionar la naturaleza federal de la cuestión a tratar (véase CNCP, Sala I, causa N° 3905, "Schifrin, Marina s/recurso de casación ", rta. el 03/07/2002; CNFed, Crim. y Corrc., Sala I, in re "Ferrari Oscar", rta. 08/06/1984, La Ley, 1985-A, 137; CNFed. Crim. y Correc., Sala II, "Urrutia, Héctor D.", rta. el 09/09/1982, La Ley, 1983-B,334). En esa línea, es de recordar lo dispuesto en el art. 25 inciso "j" de la Ley 24.946 donde se dispone en cabeza del Ministerio Publico el deber de defender la jurisdicción y la competencia de los tribunales, imperativo que pareciera haberse dejado de lado en el caso que se expone.
Por otro lado, no puede obviarse que el criterio imperante en la fiscalía a su cargo en anteriores causas ha sido diametralmente opuesto, desde que el Ministerio Publico Fiscal intervino activamente en la sustanciación de procesos que tuvieron su inicio en análogos soportes facticos. Asi se registra en los distintos expedientes que tramitan en esta Fiscalía General de Tucuman provenientes del Juzgado federal de Catamarca. No es menos llamativo que la actuación de la justicia provincial coincide con distintos fallos de la Cámara federal de Tucuman que en situaciones similares revocó los procesamientos decretados en esa instancia y resolvió la falta de mérito de los imputados por no configurarse el hecho ilícito apuntado por el art. 194 del Código Penal. Está claro que nunca nuestro Alto Tribunal negó la competencia sobre estos hechos sino que puntualizo serias dificultades en la faz probatoria a cargo, por cierto, del Ministerio Publico Fiscal. Es de preguntarse entonces, si el enfoque bajo el que se estudia la intervención en rutas federales ha cambiado irremediablemente, en detrimento de la estructura positiva referenciada ut supra. Ruego se informe en tal sentido.
Sin otro particular, lo saludo muy atte.
Antonio Gustavo Gomez
Fiscal General
correo oficial: agomez@mpf.gov.ar
www.fiscaliagraltucuman.gov.ar
54 0381 4311765 / 4311072
@fiscalfederal
Las Piedras 418 3er piso - Tucuman
Argentina

miércoles, 25 de julio de 2012

LA INTERPRETACION DE HUGO AVILA


“Las asambleas y bloqueos de los ambientalistas fueron un fracaso”

Disparó críticas contra la Justicia por “actuar como punteros y militantes del Frente Cívico”

Martes, 24 de Julio de 2012

“Las asambleas y bloqueos de los ambientalistas fueron un fracaso”
El intendente de Tinogasta, Hugo “Grillo” Ávila, aseguró que “ha quedado evidenciada y desnudada la intencionalidad política” que persiguen grupos antimineros, y calificó como “un fracaso” la convocatoria en Cerro Negro.
Insistió en criticar la actuación de la Justicia en torno a los bloqueos, y dijo que jueces y fiscales parecen actuar más como “punteros y militantes del Frente Cívico y Social”. Pero también advirtió sobre el enfrentamiento del gobierno nacional y el grupo Clarín, que según dijo, “fogonea” conflictos en provincias gobernadas por el kirchnerismo.
Ávila dijo que la asamblea de Cerro Negro había sido muy promocionada fundamentalmente a través de las redes sociales y que sus organizadores anticipaban que sería multitudinaria, asegurando la presencia también de ambientalistas de Belén, Andalgalá y Famatina. “Terminó siendo un verdadero fracaso”, enfatizó Ávila, y señaló que sólo 30 personas de Tinogasta participaron de los bloqueos y que el resto, 57 manifestantes, arribaron en un micro desde Capital Federal y, algunos otros, lo hicieron desde Famatina.
El intendente indicó que la poca convocatoria demuestra la “debilidad” de estos grupos. También que ante la “fortaleza” de los promineros, tuvieron que “capitular” cuando llegó la orden de desalojo y “no tuvieron otra alternativa que retirarse sin resistencia alguna”.
Sostuvo también que esto habla a las claras de que el pueblo “no los acompaña” y, que por el contrario, está “harto de estos bloqueos absurdos”.
“El 99,9 por ciento de los tinogasteños aspiran a que el Paso de San Francisco funcione normalmente sin ningún tipo de bloqueo”, aseguró Ávila, y luego recordó que “ha sido grande el esfuerzo de muchas generaciones de tinogasteños, que han trabajado para que el Paso sea una realidad”.
Mencionó además la inversión de la Provincia en el paso fronterizo y de la Nación, que más tarde reconoció este esfuerzo para su pavimentación, como así también las obras complementarias y de mantenimiento realizadas.
“Es absurdo lo que venían sosteniendo estos grupos”, repitió el jefe comunal, e indicó que en Tinogasta “no hay ninguna actividad minera” y que “después de 15 años de explotación de Bajo Alumbrera, ha quedado demostrado que no era el fin de mundo que ellos predecían”. Recordó en este sentido que entre el ‘90 y el 2000, “se planteaba que todo lo que había en las cercanías, en las adyacencias, iba a perder vida, que se iban a secar las plantaciones”, y sin embargo “hoy uno va a Hualfín y se da cuenta de que no sólo no se han secado las plantaciones, sino que se ha acrecentado considerablemente la superficie de cultivo”.
“A partir de los recursos de la minería, Hualfín ha dado valor agregado a su materia prima, que es la vid, y ha podido hacer los vinos que hoy tiene”, enfatizó. También mencionó la reserva de agua de Campo El Arenal, que se predecía que desaparecería y que según los estudios existentes, ésta se retroalimenta permanentemente con las lluvias.
“Todo este discurso fundamentalista y fatalista ha quedado a las claras que es falso”, disparó Hugo Ávila, y acotó que como intendente su deseo es que el Paso de San Francisco funcione normalmente y que “la gente que ha perdido sus fuentes de trabajo por los bloqueos, las recupere”.

Actuación de la Justicia

Ávila dijo que es “lamentable la actuación de la Justicia porque ha permitido que un delito se materialice durante 7 meses”. El intendente enfatizó que la Constitución Nacional “es muy es clara y habla del libre tránsito en el ámbito de la República Argentina, y la Justicia de alguna manera lo ha permitido”. “La Justicia ha sido cómplice de alguna forma de esta gente que ha cometido el delito de bloquear la ruta”, repitió el jefe comunal. Dijo luego que este Poder “lamentablemente no está a la altura de las circunstancias”. “El costo no es dar la orden. La gente está harta de estos bloqueos que realiza un grupo minúsculo, acompañado de otro grupo foráneo”, sostuvo. Habló luego de la “pertenencia de los jueces y fiscales” en forma mayoritaria a la oposición. A su entender, “actúan como militares o punteros del Frente Cívico”.

Petróleo

El intendente tinogasteño volvió a manifestar su apoyo a la minería en la provincia y especialmente en cuanto a su departamento, manifestó su deseo de que se inicien trabajos de exploración ante la posibilidad de la explotación petrolífera en la zona. “En la zona cordillerana sabemos que aflora el petróleo”, indicó.
El jefe comunal resaltó que se está gestionando la licitación de los trabajos de cateo y exploración del área, porque aseguró que existe petróleo en ese departamento. Recordó que desde hace muchos años se insiste en ello y que se ha comenzado a trabajar en consecuencia. A su vez, destacó que la posibilidad de su desarrollo ha sido una de las banderas durante la campaña electoral y que la gente “ha acompañado en la idea de una nueva herramienta generadora de trabajo y progreso para el departamento”.
“Esta actividad sería la tabla de salvación para palear el desempleo y cortar la corriente migratoria que tenemos hacia la Patagonia”, indicó.
“Queremos saber si los yacimientos que tenemos son los suficientemente importantes como para que se establezca la explotación permanente”, insistió, a la vez que repitió que la gente ha manifestado su “total apoyo” a esta actividad.

Con la minería no se jode

Con la minería no se jode


Mientras el corte selectivo en Cerro Negro fue violentamente desalojado por una patota pro minera y por la policía provincial de Catamarca, la presidenta anunció un acuerdo con la empresa Vale, recientemente galardonada como la peor corporación del mundo.

El viernes por la tarde, tras doce días de acampe y cinco realizando un bloqueo selectivo a los camiones con insumos para la minera La Alumbrera, militantes contra la minería a cielo abierto fueron desalojados. El corte se realizaba en un paraje llamado Cerro Negro (provincia de Catamarca), en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, en un punto estratégico para el abastecimiento del emprendimiento minero. La policía provincial presentó una orden de desalojo del corte de ruta firmada por Silvia Vázquez, fiscal provincial, que los asambleístas debieron obedecer ante la presión policial, a pesar de que consideraron que no era válida debido a que las rutas nacionales son jurisdicción federal y no de ninguna fiscalía provincial.
La violencia de la situación se agudizó cuando tras la retirada de los asambleístas de la ruta, unas 80 personas que habían llegado en autos y micros al paraje comenzaron a agredirlos con bombas molotov y piedras, ante lo que los manifestantes eligieron retirarse también del acampe, aunque nunca vieron una orden de desalojo del campamento. En comunicación con distintos asambleístas presentes en el lugar, Marcha escuchó la indignación de los asambleístas quienes atestiguaron la complicidad total de las fuerzas policiales ante el accionar de la patota.
En autos particulares y en un micro se dirigieron a la localidad de San Blas de los Sauces (provincia de La Rioja), donde otros asambleístas del lugar los esperaban. Sin embargo, a las 56 personas que viajaban en el micro la policía de Catamarca y la patota nunca les permitió llegar al pueblo. No conformes con haber traspasado la jurisdicción provincial que le corresponde, estos efectivos policiales junto con la policía riojana obligaron al micro a retroceder a Catamarca y desde allí los escoltaron hasta que llegaron a la provincia de Córdoba. Tras varias horas de incertidumbre y temores, voceros de los manifestantes denunciaron a Marcha que nunca les fue comunicada la razón por la que los obligaron a retirarse de la provincia ni les notificaron de ninguna denuncia hecha contra ellos. Finalmente lograron arribar a la ciudad de Córdoba, donde militantes de organizaciones políticas, sociales y ambientales los recibieron, para más tarde regresar a Buenos Aires, origen de la mayoría de los pasajeros del colectivo.
Algunos manifestantes se reagruparon en Chilecito (La Rioja) mientras que la Asamblea Nacional de Cerro Negro se rearmó en el corte de Alto Carrizal, cerca de la ciudad de Famatina (La Rioja), ambas ciudades recientemente beneficiadas por un fallo de la justicia provincial contra la minera canadiense Osisko, como informamos la semana pasada. La Asamblea se fortaleció con la llegada de la caravana nacional de apoyo que había partido desde Buenos Aires el viernes pasado.
En un comunicado de prensa fechado el domingo 22 de julio, esta asamblea denunció que "la represión sufrida el viernes 20 del corriente, que terminó con la patota y las policías catamarqueña y riojana operando en conjunto contra los asambleístas, incluyendo el secuestro del colectivo, sumó anoche otro acto ilegal: un nuevo secuestro, el del asambleísta Pablo Romero, de Tinogasta, participante del acampe y bloqueo selectivo e informativo de Cerro Negro." Tras la toma pacífica de la comisaría de Tinogasta, el manifestante fue liberado, sin nunca habérsele formulado cargo alguno en su contra.
En este video realizado por la Red Nacional de Medios Alternativos, presente en el corte, se pueden escuchar directamente los testimonios de los manifestantes y ver las imágenes de los integrantes de la patota pro minera.
Por otra parte en Buenos Aires distintas organizaciones políticas y sociales, ONGs y grupos de derechos humanos se concentraron en el Obelisco en repudio al desalojo y marcharon hacia la Secretaría de Minería de la Nación. Originalmente habían previsto la concentración por el día mundial de lucha contra la mega minería a cielo abierto, en coincidencia con acciones en distintos países de América Latina y el mundo.
Además, ante los hechos represivos, el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel junto a otras personalidades como el ex gobernador de Santa Fé Hermes Binner, distintos legisladores nacionales, intelectuales y organizaciones sociales y políticas presentaron un comunicado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que se garantice el derecho a la protesta, cesando la criminalización de la protesta social. Anunciaron además una conferencia de prensa para el martes 24 con la presencia del premio nobel y miembros de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA) y de Quebracho que participaron del corte. La jornada del martes 24 será una jornada de lucha nacional contra la mega minería y el modelo extractivo en distintas localidades del país, según anunció la Asamblea Nacional de Cerro Negro en el comunicado citado.        
Por otro lado, atestiguando que la política minera es un lineamiento fundamental del gobierno nacional, la presidenta anunció el jueves pasado un acuerdo con la empresa brasileña Vale para llevar adelante el proyecto minero Potasio Río Colorado. Cristina consideró que se trata del “emprendimiento minero más grande del mundo”, al que calificó de “estratégico”. Se trata de una inversión de 21.500 millones de pesos, con el fin de instalar un proyecto basado en la extracción, el procesamiento del cloruro de potasio y su exportación. Para eso no solamente construirán la infraestructura necesaria en la provincia de Mendoza sino también un ferrocarril que atravesará de oeste a este nuestro país y una terminal portuaria en Bahía Blanca desde donde exportar el producto. Es un insumo muy importante de la agricultura basada en el modelo industrial del agronegocio, lo que la convierte en un producto apetecible para Brasil, uno de los primeros productores mundiales agrarios. Organizaciones ambientales cuestionan su instalación por el enorme uso de agua que implica y por su rol como parte de un modelo extractivo impuesto a toda América Latina por los grandes capitales. Ven en este emprendimiento la relación entre la gran minería y la agricultura del agro negocio, ambos modelos implementados por grandes multinacionales que logran el favor de los distintos gobiernos y la instalación de obras de infraestructura que permiten desarrollar su actividad con grandes márgenes de rentabilidad. 
Vale no es una empresa más en el ámbito de las grandes jugadoras de la economía extractiva. En enero de este año fue electa con el premio Public Eye, conocido como el premio de la vergüenza mundial corporativa. Con más de 25.000 votos, superó a la japonesa Tepco, responsable del desastre nuclear de Fukushima, como la corporación líder de los problemas ambientales, sociales y laborales en el mundo.

Ahora también deportaciones en Catamarca

Estela Knez
Rebelión



Como muchos ya conocen, el corte selectivo que se efectuaba en Cerro Negro por parte de pobladores de la provincia y otros provenientes de diferentes regiones del país que llegaron solidariamente para apoyarlos, impidiendo solo el paso de los camiones que proveen insumos a la minera Bajo La Alumbrera, fue levantado el día viernes 20 de julio, a partir de una orden emanada del poder judicial provincial. Se hizo presente en el lugar un cuerpo especial de la policía, pero también grupos promineros, dispuestos a constituir una fuerza de choque, agrediendo con piedras y bombas de estruendo a quienes realizaban el corte de manera pacifica. Hasta acá parece casi un capitulo mas de la represión del estado provincial contra quienes se oponen a los emprendimientos mega mineros a cielo abierto.

Pero en esta oportunidad, Catamarca lamentablemente ha dado un salto cualitativamente mas grave y bochornoso, ya que han sucedido hechos que traen al presente, el pasado tenebroso de la dictadura militar. Reavivando los fantasmas de aquellas prácticas represivas, la policía actuó aquí apoyando a este grupo de matones que responde a los intereses mineros impidiendo a estas personas dirigirse a Tinogasta en colectivo o en sus autos, predispuestos a provocar a quienes, precisamente, resistían pacíficamente. Un grupo que ascendió a un colectivo fue golpeado por los uniformados, tratados como delincuentes a personas indefensas y sin armas, para luego ser deportados a Córdoba, con "escolta" policial y seguidos por varios vehículos de la pandilla de sicarios, en clara actitud amenazante. Esto nunca visto, reviste una situación de extrema gravedad, vulnerabilidad e indefensión. El traslado se realizó compulsivamente, siendo advertidos que si no consentían esas condiciones, la zona quedaría liberada a merced de este grupo prominero parapolicial. Hay algo que hasta ahora no había sucedido nunca, la expulsión de la gente que no vive en la provincia en forma forzada, la deportacion del lugar, atravesando varias provincias.

Esta metodología ha escrito una página nueva y negra en este gobierno que se dice ser democrático, en donde una vez mas quienes sufren padecen y resisten son los pobladores que se oponen a los emprendimientos mega mineros. La respuesta del gobierno, el poder judicial y la fuerza policial constituye una forma autoritaria y neonazi de actuar frente a quienes defienden legítimamente sus derechos, mostrando una obsecuencia y fidelidad a las empresas que se instalan en sus territorios, aun a costa de reprimir a sus habitantes.

Parece que los gobernadores, y principalmente de provincias cordilleranas, consideran inmigrantes a cualquier argentino que no viva en esas provincias, ya fueran considerados foráneos a quienes llegaban de provincias lejanas a apoyar el corte de Famatina. En febrero pasado legisladores de Córdoba y Buenos Aires, así como también periodistas, no pudieran ingresar a Andalgala en ocasión del aniversario de la represión sufrida.

El método es el mismo, grupos promineros, mercenarios y la policía impidiendo el libre tránsito por una provincia, pero ahora con el agravante de ser deportados.

Frente a ello cabe preguntarse que se supone debería hacer el gobierno de Corpacci, la justicia provincial, el gobierno nacional y el Secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, quien ha tenido una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Si esto ocurrido no constituye una fragrante violación de los derechos de las personas, que quedaron desprotegidas en manos de una policía que actuó en clara connivencia con sectores promineros, entonces el pasado ha vuelto para acallar las voces disidentes.

Estela Knez es Bióloga

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.




http://www.rebelion.org/noticia.php?id=153549&titular=ahora-tambi%E9n-deportaciones-en-catamarca

Corto Los del Algarrobo - Andalgalá Catamarca

Andalgala en el Bicentenario, Resistencia a la contaminacion y el saqueo, 2010

EXCELENTE VIDEO SOBRE ANDALGALA

Informe de Telenoche sobre los sucesos de Andalgalá

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!

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