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domingo, 22 de julio de 2012

Militantes ambientalistas fueron desalojados de la ruta en Catamarca



Los manifestantes denunciaron la actuación de grupos parapoliciales que hostigaron el acampe en la entrada de la mina Bajo la Alumbrera.

La tierra rojiza del sur catamarqueño estuvo a un paso de mancharse de sangre ayer, cuando un grupo de militantes ambientalistas fueron desalojados del cruce de las Rutas 40 y 60, cerca del ingreso a la mina Bajo de la Alumbrera. El operativo fue realizado por efectivos de la Policía Federal, que cercaron el lugar por orden de la fiscal de Tinogasta Silvia Álvarez. Sin embargo, la intervención judicial fue precedida por una patota de desconocidos que, desde la mañana del viernes, hostigaron y persiguieron a los manifestantes que alcanzaron a cumplir 12 días de acampe y bloqueo de la entrada de insumos mineros.
El avance de la policía no fue resistido por los ambientalistas, pero al cierre de esta edición, la tensión continuaba por la Ruta 40 en dirección a la ciudad de Córdoba y giraba en torno a un colectivo de 50 ambientalistas que fue interceptado cuando estaba llegando a Cerro Negro para reforzar el piquete y fue repelido por “un grupo de choque con 20 autos y 80 personas que fueron acompañados por infantería y la policía provincial”, según denunciaron las organizaciones ambientalistas a través de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) que cubrió los incidentes durante toda la jornada y reveló los primeros ataques parapoliciales.
La presencia de civiles organizados para atacar a los ambientalistas, no es una novedad del desalojo de ayer. Desde hace una semana, su presencia es denunciada por los manifestantes que relataron a la prensa las agresiones que incluyeron emboscadas con piedras, que ya dejaron a una persona herida del acampe. Esas incursiones fueron denunciadas a la Corte Suprema de Justicia de Catamarca por los agredidos, quienes ayer le pidieron al máximo tribunal provincial que investigue los casos y realice "un seguimiento de los hechos de violencia" que ocurrieron en Cerro Negro y en otras localidades catamarqueñas como Belén.
Los casos de ataques parapoliciales también fueron remitidos a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el mismo organismo que en 2003 confirmó la existencia de “guardias blancas” en Santiago del Estero, luego de una denuncia del Movimiento de Campesinos de esa provincia, a partir de los testimonios de decenas de víctimas que relataron la presencia de patotas de civiles que ingresaban a sus campos arriba de camionetas y autos sin patente. Por aquel entonces, esos grupos eran promovidos por los principales terratenientes santiagueños. Diez años después, la estrategia del hostigamiento parapolicial tiene epicentro en Catamarca y La Rioja, dos de las zonas más calientes del conflicto ambiental. Para los voceros del piquete, los grupos de civiles que atacaron el acampe y que al cierre de esta edición acompañaban la custodia policial del colectivo que había llegado de La Plata cargado de militantes, “son patotas rentadas por las empresas mineras” que administran uno de los yacimientos de oro y cobre más importantes del país. En este caso, la empresa denunciada es Minera Alumbrera que según su web institucional, “es operada por el grupo minero diversificado Xstrata, el cual posee 50% del paquete accionario, mientras que las empresas canadienses Goldcorp Inc y Yamana Gold cuentan con 37,5% y 12,5% respectivamente”.

http://www.infoglaciar.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=22679:militantes-ambientalistas-fueron-desalojados-de-la-ruta-en-catamarca&catid=44:politica&Itemid=46#.UAwPnGFsNdg

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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