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domingo, 22 de julio de 2012

Reprimieron y expulsaron de Catamarca a quienes protestaban contra Minera Alumbrera


En un nuevo episodio violento, que demuestra la connivencia de la Justicia de Catamarca con Minera Alumbrera, efectivos de infantería de esa provincia, con la “colaboración” de civiles que están a favor de la empresa, desalojaron ayer el bloqueo que ambientalistas realizaban en el paraje Cerro Negro.
La orden de despejar el bloqueo selectivo que distintas organizaciones sociales mantenían allí desde hace unos días, con el objetivo de impedir el paso de camiones con insumos para el yacimiento de Bajo La Alumbrera, fue impartida por la fiscal Silvia Alvarez, a pesar de que la manifestación tenía lugar en el cruce de las rutas nacionales 40 y 60, en jurisdicción federal.
En un hecho que generó actos de repudio en varios puntos del país, tras ser desalojados del campamento que habían montado hace 12 días en Cerro Negro, aproximadamente 40 ambientalistas fueron obligados a subirse a un colectivo para ser “escoltados” por una fuerte custodia policial hasta fuera del territorio catamarqueño. En tanto, tras el desalojo otros manifestantes se trasladaron hasta la cercana localidad de Tinogasta, mientras que un tercer grupo terminó refugiándose en San Blas de Los Sauces, provincia de La Rioja.
“Vino una fiscal con una orden de desalojo del Poder Judicial de la provincia, mientras había una patota traída para agredir a los asambleístas. Estaban claramente en connivencia con la policía, y nos tuvimos que bajar de la ruta porque si nos oponíamos iban a desalojarnos con la policía y la patota. Lograron su objetivo de hacer pasar un camión con explosivos que estaba en la ruta (lo que además es ilegal)”, relató Alejandro Pérez, uno de los asambleístas.
El joven, quien más tarde fue obligado a permanecer en un ómnibus junto a otros asambleístas para ser escoltados por la policía hasta que abandonen territorio catamarqueño, denunció que “hubo patotas y gente traída bajo presión para presionar a la asamblea. Hay algo de impotencia pero la lucha está acompañada en todo el país y va a continuar, vamos a mantener la dignidad bien en alto”, agregó.

La patota de Alumbrera

A su turno, Darío Moreno, integrante de la Asamblea Nacional Cerro Negro, relató a EL SIGLO que “una patota de unas 80 personas al servicio de Minera Alumbrera junto a la infantería provincial nos desalojaron y nos obligaron a movernos de la ruta hasta el campamento, pero después empezaron a arrojarnos piedras y otros elementos. Más tarde, nos obligaron retirarnos de Catamarca con una escolta policial para llevarnos más allá de La Rioja”, acotó. Según Moreno, “se produjo el desalojo con una orden firmada por la Fiscal catamarqueña Silvia Alvarez, con el aval del subsecretario de Seguridad de la provincia Juan Pablo Morales, pese a que estábamos realizando un bloqueo selectivo en rutas nacionales, por lo que con esta medida claramente violaron jurisdicción de la Justicia Federal. Quisieron meterme preso junto a otros compañeros. Estamos ante un grave problema”, lamentó Moreno.
Por su parte, la asambleísta Eugenia Murcia, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, aseguró: “La mayoría de las personas que estaban en el acampe fueron llevadas a San Blas de los Sauces, en La Rioja, pero el último grupo que iba en colectivo fue interceptado y agredido a piedrazos y golpes por una patota pro minera”.
Al cierre de esta edición, se había perdido por completo el contacto telefónico con los representantes de las organizaciones sociales y ambientales que mantenían el bloqueo en Cerro Negro “en defensa del agua y del medio ambiente” y “en contra de la megaminería contaminante”, como consignas principales.
De acuerdo a las últimas noticias, los asambleístas iban a ser escoltados por las fuerzas de seguridad, hasta la provincia de Córdoba (atravesando la provincia de La Rioja) para luego ser puestos en libertad. Del “operativo de expulsión” de los manifestantes que protestaban contra Minera Alumbrera participaron móviles de la Policía de Catamarca y de La Rioja (cuando el colectivo atravesó ese territorio), conjuntamente con una camioneta de la Gendarmería Nacional.
Roberto Leguita, inspector principal mayor de la Policía de La Rioja, explicó a la prensa que el micro que trasladaba a los asambleístas estaba siendo escoltado “para evitar que haya enfrentamientos” con grupos que defienden la actividad minera y que en unos 10 vehículos seguían la marcha de la caravana.

Un desalojo ilegal

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (que tiene jurisdicción sobre nuestra provincia, Santiago del Estero y Catamarca), Antonio Gustavo Gómez, se mostró “muy preocupado por lo que está ocurriendo en Cerro Negro”.
En este sentido, advirtió que “la Justicia provincial, a través de una fiscal, decidió intervenir en un territorio nacional, como lo es la intersección de las rutas 40 y 60, donde la jurisprudencia de la propia Corte Suprema estableció como exclusiva y excluyente de la Justicia Federal”.
En declaraciones a nuestro diario, Gómez sostuvo que “preocupa que este tipo de actitudes sean tomadas por la Justicia de Catamarca cuando la Cámara Federal de Tucumán dijo que los cortes de ruta selectivos no implican un hecho delictivo. Por si todo esto fuera poco, la intervención policial contó con el apoyo aparente de fuerzas para-policiales”, agregó el fiscal.
Por otro lado, el fiscal federal aseveró que “el traslado compulsivo de la gente que estaba en el lugar, subiéndolos a un colectivo para sacarlos del territorio catamarqueño, vulnera los derechos del libre tránsito que garantiza nuestra Constitución Nacional”.
El magistrado expresó su repudio a “esta nueva manera de avasallar los derechos ciudadanos” y dijo esperar “que no se vuelvan a repetir, porque daría lugar a un verdadero conflicto de poderes, entre la Justicia Federal y la Justicia de la Provincia de Catamarca”.

Repudio nacional

El insólito accionar de la policía catamarqueña, por orden de la fiscal Alvarez, generó actos de repudio en distintos puntos del país. En Córdoba, manifestantes de distintas organizaciones sociales y ambientales se concentraron en el tradicional Patio Olmos para expresar su solidaridad con los manifestantes reprimidos en Catamarca. En tanto, en Buenos Aires, se produjo una movilización hacia la Casa de Catamarca, mientras que un grupo de ambientalistas, que adhirió al bloqueo nacional en Cerro Negro, marchó hasta el Obelisco porteño.
Ayer a la mañana, cuando los rumores de desalojo comenzaban a circular, dirigentes políticos junto al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y organizaciones sociales que participaban de la protesta contra Minera Alumbrera elevaron sendos planteos a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.
En el escrito, pidieron “proteger los derechos humanos de las personas y familias que se encuentran acampando en Cerro Negro” y exigieron que “cesen los casos de criminalización de la protesta social”. Además de Pérez Esquivel, acompañaron las presentaciones los diputados nacionales Jorge Cardelli (Proyecto Sur), Victoria Donda (Libres del Sur), Roy Cortina (Partido Socialista) y Omar Duclós (Partido GEN). También adhirieron organizaciones como Colectivo por la Igualdad, Amigos de la Tierra Argentina y Conciencia Solidaria, entre otras.
El pedido a la Corte de Justicia, que recientemente se pronunció a favor de la Ley de Glaciares, consiste en “tutelar y proteger los derechos fundamentales de las personas que ejercen su derecho a peticionar, a protestar, a reunirse, a manifestarse públicamente, a proteger la salud y la vida de los habitantes de nuestras comunidades y cumplen con su obligación de defender al ambiente y la Naturaleza”.
* Equipo de Comunicación de la CTA Nacional

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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